La Administración Trump ha anunciado este martes que va a tumbar la licencia que había concedido al productor petrolero estadounidense Chevron desde 2022 para operar en Venezuela y exportar su crudo. La medida se produce en respuesta a la falta de avances del gobierno de Nicolás Maduro en materia de reformas electorales y el retorno de inmigrantes ilegales, según argumenta Washington.
El Departamento del Tesoro de EE.UU. ha actualizado los términos de la licencia y ha establecido que Chevron tiene hasta el 3 de abril para reducir gradualmente sus exportaciones de petróleo desde el país hispanoamericano. Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) no ha ofrecido detalles adicionales sobre cómo se implementará esta decisión.
El gobierno de Maduro aún no ha emitido una respuesta oficial, aunque cuando la revocación fue adelantada por Trump la semana pasada, la vicepresidenta Delcy Rodríguez calificó la decisión de «injustificada y perjudicial«. Para el chavismo, estas sanciones representan una «guerra económica» impuesta por Washington para intentar asfixiar a Venezuela.
Desde que se concedió la licencia en 2022, Chevron ha podido enviar más de 200.000 barriles diarios de petróleo venezolano a EE.UU. gracias a sus empresas conjuntas con la estatal PDVSA, que representan más del 25% de la producción total del país. Ahora, la restricción podría afectar gravemente la capacidad de exportación venezolana y complicar aún más su ya deteriorada economía.
El trasfondo político de esta medida también es clave. La reelección de Maduro en 2024 fue avalada por la autoridad electoral y el Tribunal Supremo de Venezuela, pero ha sido duramente rechazada por la oposición y por gobiernos como el de Estados Unidos por el presunto fraude electoral. La decisión de revocar la licencia a Chevron es vista como una nueva maniobra de presión contra el chavismo en un escenario de tensiones crecientes entre Caracas y Washington.
