El presidente de "Salvar el Archivo de Salamanca", asociación que defiende la unidad de los documentos de la Guerra Civil en el Archivo Nacional, ha censurado en declaraciones a Gaceta.es "la inacción del Gobierno de Rajoy ante el secuestro del patrimonio histórico español y la vulneración de la ley por parte de la Generalitat de Cataluña".
Policarpo Sánchez ha recordado que el "expolio" de los documentos que certifican como ha sido la historia de España que comenzó en 2006 -y continuó con mayor intensidad durante los años 2009, 2010 y 2011- surgió en virtud de un pacto político entre el PSOE y ERC. "José Luis Rodríguez Zapatero cedió a la presión para destruir el Archivo de Salamanca a cambio de que los republicanos votaran a favor de su investidura como Presidente del Gobierno en 2004 en la primera votación", ha declarado.
Además ha manifestado que ante las decisiones del Gobierno de Rajoy de "mirar para otro lado pese a contar con una amplia mayoría absoluta" y mantener al subdirector general de los archivos estatales, Severiano Hernández, nombrado por Zapatero en 2008, su organización decidió -no sin trabas- emprender acciones judiciales contra la Generalitat. "Enviamos en marzo una carta al ministerio de Cultura solicitando mayor información sobre los más de un millón de documentos que tiene en su poder la Generalitat y nos contestaron que habían instado en cuatro ocasiones a Mas a enviar los datos sin recibir respuesta".
La última demanda presentada por la asociación ante el TSJC está admitida a trámite. En ella acusan al presidente de la Generalitat de "violar la ley y no acatar la sentencia del Tribunal Constitucional que le obliga a devolver los documentos pertenecientes a la Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias Madrid o Murcia", ha declarado Sánchez.
Sobre la parte legal de la concesión -los documentos pertenecientes a la Comunidad Autónoma de Cataluña- el investigador ha señalado que también se ha cometido un delito: "La entrega no fue incondicionada, en caso de no existir los propietarios la Generalitat debía devolver dichos documentos ya que son de titularidad estatal", ha asegurado. Finalmente, Sánchez también ha criticado que "el Gobierno catalán no dejara una copia en Salamanca de los documentos legalmente concedidos, hecho exigido por la ley".
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