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Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

Casi ocho años

Cataluña nos impide mirar a otras realidades importantes. Hoy hemos decidido mirar a una de ellas cara a cara…

Les contábamos ayer que, en medio de la maraña separatista, la Asociación Española de Pediatría analizaba la realidad de los menores maltratados en sus propios hogares. Uno de cada cien sufre este tipo de violencia en España.
Advertíamos, también, sobre cómo esto de Cataluña nos impide ver -a veces incluso mirar- otras realidades seguramente mucho más importantes que el capricho secesionista y rebelde de unos pocos. Hoy hemos decidido mirar alguna de esa realidad cara a cara: 1 de junio de 2010. El Partido Popular, entonces, en la oposición, presenta un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto aprobada por el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero.
Han pasado desde entonces siete años y medio. ¿Saben cuántos pronunciamientos al respecto de la ley ha habido por parte del TC? Cero. Bueno, en honor a la verdad, hubo uno… El que denegó la suspensión de la ley hasta la resolución del Tribunal por los “evidentes daños irreparables” [muerte de niños, en lenguaje realista] que su aplicación conlleva.
2.720 días en los que los magistrados del Constitucional no han tenido tiempo para sentenciar sobre una ley que ha permitido la muerte de más de 700.000 niños y que convierte a España en el tercer país de Europa con mayor número de abortos (sólo por detrás de Francia y Reino Unido), según el último estudio del Instituto de Política Familiar.
Más de un lustro en el que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre los asuntos más diversos – ha declarado inconstitucional el euro por receta en Cataluña; también la Ley Navarra que limita la exención del pago del impuesto sobre bienes inmuebles a los edificios dedicados al culto; el Decreto dictado por el Gobierno Canario para convocar una consulta sobre prospecciones petrolíferas; algunas medidas aprobadas por el Gobierno Andaluz en materia de vivienda; la Ley cántabra que prohíbe el uso del “fracking” porque invade competencias exclusivas del Estado; el criterio de valoración de la indemnización a propietarios de suelos sometidos a primera urbanización….- y, por supuesto, la cuestión catalana.
Si quieren dedicar cinco minutos de este martes a ver alguna de esas cuestiones que Cataluña no nos deja ver, lean esta noticia.
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