Constitución, patriotismo y Nación

Cuando lo que se está en juego es la desintegración de la Nación española, no podemos poner el peso de nuestra reacción en la defensa de la Constitución.

La semana pasada el Parlamento vasco aprobó una resolución que ataca directamente a la Nación española. La Constitución “se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”, pero los separatistas afirman que “la unidad desde la imposición y la pertenencia desde la obligación, suponía y supone construir el Estado español desde una base antidemocrática e históricamente falsa, porque dicha unidad no fue, ni es, consecuencia de la libre adhesión y voluntad de los Pueblos”.

Cabría esperar de las instituciones autonómicas lealtad con la norma suprema que las creó, sin embargo llevamos décadas soportando las continuas maniobras para liquidar la Nación española orquestadas por los partidos separatistas. A estas alturas cualquier persona con una mínima honestidad intelectual no podrá negar que el sistema autonómico se ha retorcido para crear compartimentos estancos con el único objetivo de fragmentar la sociedad española y destruir la idea de España como Nación.

La segunda parte del art. 2 de la Constitución, que el Parlamento vasco “olvida” mencionar, “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. La identidad cultural de las diversas tierras de España desde siempre se respetó y se consideró un patrimonio que nos enriquecía a todos, pero nunca una Constitución había otorgado tal grado de capacidad de autogobierno a las regiones y provincias, ahora bautizadas como Comunidades Autónomas. Lejos de valorar tal concesión, sin parangón en otros países de nuestro entorno, los partidos nacionalistas han usado el desmesurado poder que la Constitución ponía en manos de las instituciones autonómicas para sostener a lo largo del tiempo una sistemática campaña de hostilidad hacía la idea de España, una auténtica política de desespañolización ejecutada en Cataluña y Vascongadas, e incluso en Galicia, Baleares y Reino de Valencia, a través del adoctrinamiento en las escuelas, la inmersión lingüística, el dominio de los medios de comunicación locales y un asfixiante control de la cultura.

Los teóricos partidos nacionales, UCD y PSOE, en aras del consenso y el dialogo de cara a la galería, y por detrás en provecho propio, aceptaron sin reparos ni la menor prudencia que todo el proceso autonómico estuviese condicionado por los nacionalistas. Posteriormente el bipartidismo de PP y PSOE ha dejado obrar a sus anchas al nacionalismo, cuando no se han sumado a sus postulados tal y como ha sucedido con el PSOE en Cataluña, Valencia y Baleares o con el PP en Galicia.

Quizá, de haberse puesto énfasis en la salvaguarda de los vínculos de solidaridad a que apelaba el ya citado art. 2 de la Constitución, y que no consisten en otra cosa que el destino compartido entre todos, el sistema autonómico podría haber funcionado. Pero ha prevalecido la contradictoria alusión a unas nacionalidades que nunca habían existido y que solo ha servido para inutilizar el sentimiento de comunidad nacional a que hace referencia el primer párrafo del tan mencionado art. 2 de la Constitución.

El caso es que lo que hay que tener muy claro es que la Nación precede a la Constitución y esta tan sólo es un instrumento al servicio de aquella. Las constituciones van y vienen a lo largo de la historia, la Nación es lo que prevalece, porque toda Constitución es el resultado jurídico en el que se expresa en un momento determinado la voluntad política de un pueblo constituido en comunidad nacional. Esta unidad política existente tiene su valor y su razón de ser, no en la norma fundamental que se otorga a sí misma para regir el Estado en que se organiza, sino en el hecho de constituir una comunidad social, cultural y política en la Historia, que a lo largo de los siglos ha compartido un proyecto común. Mientras que el concepto de pueblo se refiere a las pocas generaciones que comparten el presente, el concepto Nación se compone del legado de las generaciones pasadas y el proyecto en que nos sucederán las generaciones futuras.
Frente al adulterado discurso identitario excluyente de los nacionalismos, en España no se ha reivindicado la identidad nacional como proyecto común. La idea de España es cuestión de la interrelación de los elementos heterogéneos con los elementos homogéneos, todos ellos asumidos en la comunidad nacional. Pero cuando las instituciones constitucionales no cumplen con la función para la cual fueron creadas, como sucede indiscutiblemente con las autonomías vasca y catalana, se revela en toda su crudeza que la primera declaración del art. 2 de la Constitución ha resultado incompatible con la segunda.

Por ello no cabe invocar el patriotismo constitucional, noción originaria de las teorías “progresistas” de Jürgen Habermas y que eso que llaman centro-derecha en España se ha tragado sin rechistar, porque tal teoría es incapaz de generar los vínculos de solidaridad y lealtad suficientes para revitalizar socialmente el proyecto de la Nación española. El patriotismo constitucional pone su acento en la convivencia democrática y por tanto parte de la aceptación de unos valores universales plasmados en una Constitución que, en la medida que respeta los mismos, es válida para regular la vida política de un pueblo concreto. Pero sin alusión alguna a la Nación histórica y cultural, a la identidad de la comunidad nacional, los vínculos de integración social tienen sólo por referencia el Derecho positivo fruto de la voluntad del Estado, por mucho que se forme a través de la participación ciudadana en unas elecciones.

Cuando lo que se está en juego es la desintegración de la Nación española, no podemos poner el peso de nuestra reacción en la defensa de la Constitución, ni siquiera en el Estado de Derecho, pues ambos conceptos se fundamentan en la existencia previa de la Nación. Hoy, lo que se precisa no es un patriotismo tributario de un texto legal, cuya recta interpretación ni siquiera se ha respetado en la práctica, sino el éthos que da unidad a la Nación. Se trata de recuperar la realidad histórica de la Nación española como proyecto común, que ha sido suplantada por la opinión que pretende fundar el nuevo Estado plurinacional y la nueva sociedad fraccionada que sustituirá a la comunidad nacional española.