Desde que Baltasar Garzón bajara la bandera intentando procesar al General Pinochet primero -en vida- y a Francisco Franco después -ya muerto, aunque el juez prevaricador no lo tenía claro porque pidió nada menos que su partida de nacimiento- han sido varios los aspirantes a coger el testigo de ‘juez estrella de cabecera’. El último, Ismael Moreno, que acaba de ordenar la detención del expresidente chino Jiang Zemin y otros cuatro exdirigentes de su país por presuntos delitos cometidos contra extranjeros. El problema es que esos delitos se habrían cometido a casi nueve mil kilómetros de nuestras fronteras y a uno, siempre lego en éstas cuestiones tan complejas propias del derecho internacional, sigue sin entrarle en la mollera cómo puede un juez patrio ser competente para ventilar asuntos que, así, en principio, de entrada, no parecen irle ni venirle demasiado.

Más cuando en éste caso el juez Moreno ha cambiado de criterio ya que, si en principio no era partidario de proceder contra éstos cinco ciudadanos chinos, ahora ha virado hacia ordenar su detención, según parece por orden de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

Si estuviéramos ventilando no más que el ego de un magistrado o dos, el asunto no tendría más trascendencia. Ocurre sin embargo que lo que puede haber en juego es mucho más. Unos fortísimos intereses económicos y, sobre todo, comerciales entre dos naciones, España y Chinaque podrían sufrir desperfectos de cierta consideración por decisiones judiciales que, al menos en apariencia, pueden resultar poco fundamentadas si no se explican bien. China es un socio preferente para los EEUU y para los países de la zona euro, en especial para España. Está dispuesta a invertir muchos millones de euros en una economía como la española que depende, como el respirar, precisamente de socios que crean en su evidente recuperación y en su potencial de crecimiento. Es por ello deseable que, ni en éste caso ni en otros recientes que todos recuerdan, la sangre llegue al río.