Actualmente Colombia enfrenta una crisis económica y social sin precedentes en la historia reciente del país como fruto de cuarentenas estrictas por más de cinco meses.

Pese a una gradual reapertura que ha dejado ver una incipiente recuperación de los mercados, el Fondo Monetario Internacional estima que el PIB colombiano caerá en -8,2% en 2020, la peor caída en la historia de la operación estadística en el país.

Lo anterior hace necesario un plan de reactivación económica con medidas que permitan fortalecer el tejido empresarial y promuevan una recuperación de todos los sectores. Para ello, el Departamento Nacional de Planeación (DNP), propuso en el documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) medidas de reducción de costos laborales, disminución de la carga tributaria para las empresas, simplificación del estatuto tributario, modificación del cobro de la matrícula mercantil, y finalmente, representación de desempleados e informales en la comisión de concertación del salario mínimo.

Aún cuando las propuestas del DNP parecían estar a la altura del desafío que enfrentamos como economía y a pesar de las recomendaciones de diversas instituciones técnicas sobre su relevancia, estas fueron eliminadas del documento final por presiones externas.

Analicemos el contexto:

Colombia es un país con una tasa de informalidad nacional de alrededor de 60%, este año presentó la mayor tasa de desempleo en los últimos veinte años: de abril a julio se mantuvo cerca del 20% y solo en agosto bajó al 16.8%.

Millones de colombianos perdieron su empleo y se vieron forzados a quedarse en casa sin poder salir a buscar trabajo.

En diciembre empiezan las reuniones en la comisión de concertación para negociar el salario mínimo, en una mesa donde están representados sindicatos, Estado y gremios empresariales, pero nunca los desempleados e informales, quienes son la vasta mayoría de la fuerza de trabajo en el país.

Según el Banco Mundial las empresas colombianas tienen una tasa efectiva de tributación del 71,3%, es decir que por cada 100 pesos que podrían ganar, 71 se van en impuestos. Adicionalmente, contratar a un trabajador cuesta 1.62 veces su salario si se toman en cuenta los costos de seguridad social, prestaciones y parafiscales. Miles de empresas han cerrado y otras tantas aún buscan cómo sobrevivir en el mercado.

Para salir de la crisis económica es necesario fortalecer el tejido empresarial disminuyendo impuestos y simplificando regulaciones, al igual que facilitar la contratación eliminando costos asociados a la misma, permitiendo entonces la generación masiva de empleo y la formalización de negocios. Para ello el gobierno debe retomar las propuestas que decidieron eliminar y defenderlas con argumentos y respaldo técnico, como bien se plantearon. La magnitud de la crisis no da espera y las medidas se deben tomar de inmediato, sin titubeos ni fragilidad ante presiones externas.

Fuentes: Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).