El 1 de mayo ha entrado en vigor el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, tras más de 25 años de negociaciones intermitentes. El pacto establece un marco de libre comercio entre ambos bloques, con un mercado potencial superior a los 700 millones de consumidores y una progresiva eliminación de aranceles sobre la mayoría de bienes industriales y agrícolas.
La Comisión Europea ha destacado que el acuerdo permitirá incrementar la competitividad exterior de la UE mediante la reducción de barreras comerciales en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El Ejecutivo comunitario sostiene que el impacto económico neto será positivo a medio plazo, con un aumento estimado de exportaciones europeas y una diversificación de mercados estratégicos. No obstante, el texto ha sido objeto de controversia desde su aprobación política inicial.
Organizaciones agrarias europeas han expresado un rechazo prácticamente unánime. Denuncian que los estándares de producción aplicables en los países del Mercosur no equivalen a los exigidos por la normativa comunitaria en materia medioambiental, laboral y sanitaria, lo que, según su análisis, podría generar competencia desleal.
En declaraciones a la Cope, el ganadero español Joaquín Gargallo ha señalado que el acuerdo supone «un engaño al consumidor» al permitir la entrada de productos sin garantías equivalentes a las europeas. En términos similares, representantes de COAG han advertido de un posible deterioro estructural del sector primario, especialmente en cultivos extensivos como los cereales.
El ganadero ha reiterado su preocupación por la falta de equivalencia normativa entre ambos bloques comerciales. Gargallo ha afirmado que se importarán «productos de baja calidad y con dudas, de si se han obtenido con antibióticos que están aquí prohibidos, con hormonas que aquí están, por supuesto, prohibidísimas«
