El sistema público de pensiones afronta una grave crisis de confianza. Dos de cada tres españoles —el 68%— creen que el pago de las prestaciones se convertirá pronto en un problema importante para la economía nacional.

Así lo refleja la Encuesta Funcas 2026 sobre Pensiones y Educación Financiera, que revela una profunda inquietud ante la sostenibilidad de un modelo sometido al envejecimiento de la población y al deterioro de la relación entre trabajadores y jubilados.

Entre quienes anticipan dificultades, el 70% señala a las generaciones jóvenes como las principales perjudicadas.

Tres de cada cuatro jóvenes españoles temen por el sistema

La preocupación es especialmente elevada entre quienes deberán financiar las pensiones durante las próximas décadas. Alrededor del 75% de los españoles de entre 18 y 45 años considera que las prestaciones se convertirán en un problema para la economía. El porcentaje desciende al 67% entre las personas de 46 a 60 años y al 53% entre los mayores.

Ocho de cada diez ciudadanos que todavía no se han jubilado creen que las reformas aprobadas serán insuficientes para garantizar sus futuras pensiones. La desconfianza alcanza un abrumador 90% entre los trabajadores de 31 a 45 años, mientras que el 93% da por hecho que el sistema volverá a reformarse antes de su jubilación.

Los jóvenes ya viven peor

El 56% de los encuestados considera que los menores de 40 años disfrutan actualmente de una situación económica peor que la de los pensionistas. Sólo uno de cada cuatro opina lo contrario. Los jóvenes afrontan salarios limitados, alquileres disparados, empleos inestables y cotizaciones crecientes mientras disminuyen sus expectativas de recibir una pensión suficiente.

Además, el 68% de los trabajadores mayores de 30 años teme que su prestación futura no le permita vivir sin dificultades. Ante esta incertidumbre, seis de cada diez personas no jubiladas creen necesario ahorrar o invertir para complementar la pensión pública.

Rechazo a cualquier sacrificio

Pese a la alarma, la sociedad se opone a las principales reformas planteadas para contener el gasto. Más del 80% rechaza elevar progresivamente la edad de jubilación hasta los 70 años. También existe una oposición mayoritaria a aumentar los años necesarios para acceder a una pensión contributiva, crear un impuesto específico o elevar las cotizaciones.

España se enfrenta así a una combinación explosiva: una población envejecida, jóvenes empobrecidos, creciente desconfianza y rechazo generalizado a pagar más o jubilarse más tarde.