La Comisión Europea prepara una reforma del sistema de seguridad energética que contempla ajustes obligatorios del consumo de electricidad y gas y, en situaciones excepcionales, la posibilidad de activar cortes controlados en determinadas zonas para preservar la estabilidad de la red.

El proyecto, avanzado por elEconomista, pretende reforzar la respuesta conjunta de los Veintisiete ante posibles crisis de suministro, sabotajes, ciberataques o fenómenos meteorológicos extremos. La iniciativa se enmarca en la revisión de las reglas europeas de seguridad energética que Bruselas lleva a cabo para adaptar el sistema a los nuevos riesgos.

La reforma plantea integrar en una única norma los actuales marcos europeos sobre seguridad del suministro de gas y preparación ante riesgos eléctricos, aprobados en 2017 y 2019. La Comisión considera que ambos mercados están estrechamente relacionados: el gas aporta flexibilidad a la generación eléctrica y, al mismo tiempo, las infraestructuras gasistas dependen del suministro eléctrico.

Una de las principales novedades sería la creación de una alerta europea o regional denominada EU Alert. En el ámbito eléctrico, Bruselas podría activarla cuando detectase un riesgo significativo de crisis, incluso aunque el mercado todavía pudiera gestionar la situación por sí mismo. También podría declararse a petición de al menos dos autoridades nacionales que hubieran activado previamente sus mecanismos de alerta.

Una vez activada, y tras consultar al Grupo de Coordinación de la Electricidad, la Comisión podría establecer reducciones obligatorias de la demanda eléctrica. El porcentaje, el territorio afectado y la duración de estas medidas quedarían determinados en función de las circunstancias de cada crisis.

El borrador no establece una reducción idéntica para todos los Estados. Como referencia, plantea utilizar periodos equivalentes de los cinco años anteriores, con ajustes cuando la electrificación haya provocado un aumento significativo de la demanda o existan patrones de consumo considerados atípicos.

El proyecto diferencia entre una alerta preventiva y una situación de emergencia. Las medidas extraordinarias quedarían reservadas como último recurso, cuando las herramientas de mercado se hayan agotado o resulten insuficientes para evitar un deterioro adicional del suministro.

En ese escenario entrarían los planes regionales de desconexión manual de cargas, que permitirían realizar cortes controlados para proteger la estabilidad del sistema eléctrico. Los centros regionales de coordinación deberían preparar estos mecanismos teniendo en cuenta los servicios esenciales, los consumidores protegidos y la solidaridad entre países.

La activación requeriría varias condiciones, entre ellas que se hubiese declarado una emergencia regional y que al menos dos autoridades competentes lo solicitaran después de consultar con los operadores de transporte. Además, tendría que existir una previsión de empeoramiento de la situación si no se ejecutase el plan.

Los Estados tendrían que identificar a los consumidores eléctricos protegidos por motivos de seguridad pública, salud o vulnerabilidad. Sin embargo, esa consideración no impediría aplicar reducciones imprescindibles para mantener la estabilidad de la red o garantizar suministros mínimos.

El borrador también contempla protocolos para conectar o desconectar microrredes de manera coordinada y reducir así el riesgo de apagones generales. Inicialmente serían mecanismos no vinculantes, aunque la Comisión podría convertirlos posteriormente en obligatorios.

En el mercado gasista, la reforma permitiría reducir la demanda mediante mecanismos de mercado, activar sistemas de agregación y adoptar medidas extraordinarias relacionadas con el almacenamiento. También contempla reforzar la protección de las centrales de gas necesarias para garantizar la estabilidad eléctrica.

La propuesta ampliaría además las obligaciones de los operadores de infraestructuras críticas, que deberían evaluar periódicamente sus riesgos y mantener reservas de repuestos esenciales. La Comisión pretende así que la seguridad energética no dependa únicamente de disponer de combustible o generación, sino también de la capacidad de reparar rápidamente instalaciones dañadas.

Bruselas ha señalado que la revisión responde a las lecciones extraídas de las crisis energéticas recientes y del apagón español de abril de 2025, así como a nuevos riesgos físicos, climáticos y cibernéticos.