El escenario base del personal técnico del FMI para España contempla que el crecimiento del PIB se modere este año al 2,1% desde el 2,8% de 2025, lo que implica una revisión a la baja de dos décimas respecto del pronóstico del pasado enero, mientras que para 2027 anticipa una expansión del 1,8%, una décima menos.

En cuanto a la tasa de inflación general interanual, el personal técnico del FMI calcula que alcanzaría aproximadamente el 3% a finales de 2026, para luego descender al 2,2% a finales de 2027.

Este escenario base supone una evolución de los precios del petróleo y del gas consistente, en líneas generales, con los precios de los futuros a mediados de marzo de 2026 y anticipa que el conflicto en Oriente Próximo afecte negativamente a la economía española, «principalmente por el aumento de los precios del petróleo», mientras que el impacto de la subida de los precios del gas «debería verse atenuado por varios factores, entre ellos la gran proporción de energías renovables en el mix eléctrico de España».

A este respecto, Romain Duval, jefe de misión para España del FMI, ha destacado que, desde la guerra de Ucrania, debido al fuerte aumento de la cuota de energías renovables, en lo que respecta al gas, «España se verá menos afectada que algunos de sus pares de la zona euro» aunque no ocurre lo mismo con el petróleo.

En cualquier caso, el funcionario del FMI ha advertido de que la situación sigue siendo muy volátil y la institución sigue evaluando la evolución de los precios de la energía.

Las medidas fiscales para amortiguar el impacto de la guerra deben estar bien enfocadas, tener carácter temporal y «no deberían distorsionar los precios de la energía», señala el FMI, que cree que el apoyo público debería considerarse solo si los costes de financiación de la deuda se mantienen bajos y la subida de precios termina afectando a la demanda externa e interna.

En este contexto, el fondo apuesta por que se acelere el ritmo de reducción del déficit público para recuperar «espacio fiscal» con mayor rapidez ante el fuerte incremento del gasto que se espera en las próximas dos décadas a consecuencia del envejecimiento de la población.

La declaración señala que las finanzas públicas han mejorado gracias al fuerte crecimiento económico y a la no deflactación de los tramos del IRPF, además de por el aumento de las cotizaciones sociales, de forma que el incremento de los ingresos ha compensado con creces un considerable incremento del gasto público.

No obstante, alerta de que si el gasto sigue creciendo por encima de los objetivos, serán necesarios ajustes adicionales para reducir el déficit público.

Respecto a la vivienda, pide acabar con el control de precios tras un periodo de tres años que ha evidenciado que solo ha servido para reducir «de manera significativa» la oferta de vivienda en alquiler.