El Gobierno de Sánchez adjudica el 44,8% de sus contratos con un único licitador, una cifra que evidencia la falta de competencia efectiva en la contratación pública y que limita la capacidad de la Administración para ajustar precios mediante la presión del mercado.
Según los datos analizados por The Objective, la media de ofertas por expediente se sitúa en apenas 2,77 licitadores, mientras que la rebaja media sobre el precio de salida apenas alcanza el 10,7%, muy por debajo de los estándares europeos.
Aunque muchos procedimientos se tramitan formalmente bajo fórmulas abiertas o con publicidad, el resultado práctico es similar al de una adjudicación sin comparación real entre ofertas. Cuando sólo concurre una empresa, la Administración carece de referencias suficientes para comprobar si el precio o las condiciones del contrato responden a criterios de mercado.
La escasa concurrencia se explica, en parte, por el desinterés de muchas empresas ante determinados contratos y por los requisitos excesivos impuestos por las administraciones, que en muchos casos dejan fuera especialmente a las pymes.
El problema no se limita al Gobierno central. Los datos de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) sitúan el número medio de licitadores en 2,64 por contrato en el conjunto de las administraciones públicas, confirmando una participación empresarial muy reducida frente al enorme volumen de gasto gestionado.
La Comisión Europea considera que cuando el porcentaje de contratos con un único licitador supera el 20%, el indicador entra en zona de riesgo por reflejar una concurrencia empresarial limitada. España, por tanto, se sitúa muy por encima de ese umbral.
La falta de competencia tiene consecuencias directas sobre el gasto público. La rivalidad entre licitadores suele traducirse en mayores rebajas sobre el presupuesto inicial; cuando esa competencia no existe, el Estado paga más de lo que pagaría en un entorno plenamente competitivo.
El problema se agrava en un contexto de fuerte expansión de la contratación pública. En el primer trimestre de 2026, las licitaciones de todas las administraciones superaron los 32.800 millones de euros, el nivel más alto de la serie para ese periodo. El volumen adjudicado alcanzó los 18.115 millones, con 56.697 lotes adjudicados.
El crecimiento se apoya especialmente en el sector público estatal, cuyas adjudicaciones aumentaron un 22,1% respecto al mismo trimestre del año anterior. En los últimos cuatro trimestres, las administraciones han licitado 150.362 millones de euros y adjudicado 113.132 millones.
A ello se suma que el Gobierno repartió en 2025 un récord de 23.000 millones de euros en contratos a dedo mediante el procedimiento negociado sin publicidad.
El resultado es un sistema de contratación pública de enorme volumen, pero con déficits estructurales persistentes: poca competencia, escasa participación empresarial, baja capacidad de ahorro y obstáculos administrativos que reducen la entrada de nuevos licitadores.
En un contexto de adjudicaciones superiores a los 112.000 millones en 2025, cada punto adicional de rebaja en los precios tendría un impacto millonario sobre el gasto público. Sin embargo, mientras no se refuerce la competencia real, la Administración seguirá pagando más de lo necesario con dinero de los contribuyentes.
