España ha resuelto ayudas por valor de 72.018 millones de euros de fondos europeos Next Generation hasta el pasado 31 de julio, según la última actualización de la herramienta Elisa, plataforma del Ministerio de Economía que unifica la información de los distintos portales de contratación de la Administración General del Estado (AGE).
Los datos de Elisa constituyen la referencia oficial para conocer la ejecución de los fondos Next Generation por parte de la Administración estatal. A esta cantidad hay que sumar otros 10.000 millones de euros en préstamos que, según ha señalado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, han sido adjudicados mediante distintas herramientas y fondos de crédito públicos.
De este modo, todavía quedarían pendientes de adjudicación al menos 20.000 millones de euros de fondos europeos, sobre los 102.000 millones que España debe recibir de Bruselas a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
La cifra adquiere especial relevancia porque el plazo para cumplir con la ejecución de los fondos europeos concluyó el 31 de agosto. Las reglas establecidas por la Comisión Europea contemplan que los recursos que no hayan sido adjudicados dentro del plazo deben ser devueltos a la Unión Europea.
La actualización correspondiente al mes de agosto será, por tanto, determinante para conocer el grado final de ejecución y el volumen de recursos que España podría perder. Las cifras oficiales definitivas no se conocerán hasta finales de año, aunque distintas estimaciones sitúan el riesgo de devolución en unos 10.000 millones de euros como mínimo, según El Español.
Los 72.018 millones contabilizados por la AGE corresponden exclusivamente a ayudas no reembolsables. Esta cantidad forma parte de los aproximadamente 83.000 millones previstos inicialmente para subvenciones dentro del programa Next Generation.
En el apartado de créditos, España redujo sustancialmente la dotación inicialmente prevista. De los 80.000 millones contemplados en 2021, el importe quedó reducido a unos 20.000 millones después de que el Gobierno renunciara a 60.000 millones al considerar que podía obtener financiación en los mercados en condiciones más favorables.
De esos créditos, Cuerpo ha indicado que al menos 10.000 millones ya han sido adjudicados mediante instrumentos como Sepides o el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Otros 10.000 millones se incorporarán a España Crece, programa gestionado también por el ICO y orientado a inversiones verdes y vivienda.
La gestión de los fondos ha obligado durante los últimos meses a introducir distintas modificaciones para tratar de evitar la pérdida de recursos. La Comisión Europea ha permitido que determinadas cantidades sean adjudicadas a fondos e instrumentos estatales, aunque no lleguen al destinatario final antes del plazo inicialmente establecido.
Esta posibilidad, sin embargo, no elimina el riesgo asociado a las ayudas no reembolsables, que deben llegar al destinatario final y no pueden computarse de la misma forma que los recursos canalizados mediante entidades intermediarias.
Los problemas de ejecución se suman a otros factores relacionados con la gestión del programa, entre ellos la burocracia, las dificultades administrativas para tramitar convocatorias y la adaptación de los programas a las necesidades de las empresas.
A falta de los datos definitivos, los indicadores de inversión pública, formación bruta de capital, investigación y desarrollo y productividad deberán servir para determinar el impacto real de los fondos.