El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa una subida histórica de las cuotas que pagan los autónomos. Bajo el pretexto de “avanzar hacia la cotización por ingresos reales”, el Gobierno pretende aumentar la recaudación en 1.900 millones de euros cada año, una cifra que en tres ejercicios alcanzaría los 5.700 millones adicionales. El golpe supondría un incremento total del 44% en las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia, según los cálculos de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) a partir de los datos oficiales del propio ministerio.

La medida, que se venderá como una “reforma necesaria” para modernizar el sistema, es en realidad un sablazo en toda regla al colectivo que sostiene el tejido económico del país. Los datos lo confirman: los autónomos que menos ganan, aquellos con rendimientos inferiores a 8.040 euros al año, verán cómo su cuota sube casi un 9% cada año. Pasarán de pagar 2.400 euros en la actualidad a 3.025 en 2028. Si se tiene en cuenta que sus ingresos medios rondan los 3.600 euros anuales, el resultado es aún peor: el Estado se quedará con el 84% de sus beneficios.

En los tramos medios, la subida se moderará hasta el 3,7%, mientras que para los autónomos con ingresos de más de 28.000 euros, la presión se disparará. Quienes superen los 72.000 euros anuales verán cómo su cuota mínima se duplica en sólo tres años, pasando de 7.080 euros en 2025 a 14.500 en 2028. Una auténtica sangría fiscal que el Gobierno pretende imponer sin revisar antes las prestaciones que deberían recibir los afectados.

El origen de esta nueva ofensiva fiscal se remonta a los compromisos adquiridos con Bruselas en el marco del Plan de Recuperación. Fue el exministro José Luis Escrivá quien se comprometió ante la Comisión Europea a que “todos los autónomos cotizarán por ingresos reales”, una condición que permitió a Sánchez sacar adelante la reforma de las pensiones y volver a ligarlas al IPC. Pero lo que se presentó como una modernización del sistema se ha convertido en un mecanismo de recaudación masiva a costa de quienes generan empleo y mantienen viva la economía real.

La propuesta rompe además el espíritu del acuerdo original firmado en 2022 con las asociaciones de autónomos, que limitaba los cambios hasta 2025 y preveía rebajas en los tramos más bajos. En la nueva tabla, esas reducciones desaparecen. El ministerio de Elma Saiz calcula que sólo entre los autónomos con ingresos más bajos la recaudación aumentará en 164 millones de euros cada año.