Casi 900.000 personas figuran inscritas en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) como demandantes de empleo, pero no computan como desempleadas en las estadísticas oficiales. Todas mantienen una relación laboral con su empresa, aunque se encuentran sin trabajo efectivo. Es el caso, principalmente, de los fijos discontinuos inactivos, una figura que se ha disparado tras la reforma laboral impulsada por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que permite a las empresas suspender la actividad del trabajador en los periodos de menor carga de trabajo.

Los datos de cierre de 2025, correspondientes al mes de diciembre, reflejan que 892.933 personas se encontraban en esta situación. La cifra supone un incremento cercano al 200% respecto a 2019 y marca el máximo de toda la serie histórica desde la aprobación de la reforma laboral en diciembre de 2021, según detalla Vozpópuli. En este grupo se incluyen únicamente los fijos discontinuos inactivos, los afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y los adscritos al sistema de colaboración social.

Durante la pandemia, esta categoría creció de forma extraordinaria debido a los ERTE. En 2020 llegó a superar los tres millones de demandantes de empleo con relación laboral, un dato que coincidía prácticamente con el número de trabajadores protegidos por estos expedientes, según la Seguridad Social. Sin embargo, en los últimos años, tanto los trabajadores en ERTE como los adscritos a la colaboración social se mantienen estables en torno a las 10.000 personas. Todo apunta, por tanto, a que la inmensa mayoría de los casi 900.000 demandantes con relación laboral son fijos discontinuos inactivos.

Aun así, el Ministerio de Trabajo se niega a ofrecer el desglose exacto. Se trata de una información que el propio departamento se comprometió a facilitar en enero de 2023, tras la polémica generada por el crecimiento de estos contratos y después de que organismos como Fedea y BBVA Research advirtieran de que las cifras de desempleo habían dejado de ser plenamente comparables y representativas.

Entonces, desde Trabajo se aseguró que los datos “se estaban depurando” y que se publicarían una vez estuvieran listos, con encargo expreso a los servicios técnicos y al SEPE. Tres años después, el equipo de Yolanda Díaz descarta directamente su difusión. La pasada semana, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, afirmó que “los fijos discontinuos en nuestro país están perfectamente medidos”, una tesis que viene repitiendo desde hace meses.

La afirmación, sin embargo, se refiere únicamente a los 841.000 fijos discontinuos activos a cierre de 2025, es decir, a los que estaban trabajando y figuran en la estadística de afiliación a la Seguridad Social. Quedan fuera los que, pese a tener contrato, se encontraban sin actividad y registrados como demandantes de empleo en el SEPE.

Trabajo comunicó recientemente que España cerró 2025 con 2,4 millones de parados registrados. Pero si se suman estos casi 900.000 parados ocultos, el desempleo real se acerca a los 3,3 millones de personas.

Este es el concepto que desde Fedea, con el investigador Florentino Felgueroso, definieron como “paro efectivo”. En 2019, los parados totales según el SEPE ascendían a 3,5 millones. La comparación muestra una reducción real de apenas el 5%, frente al 24% de descenso que reflejan las cifras oficiales cuando se excluye a este colectivo.

El resultado es contundente: uno de cada cuatro parados inscritos en las oficinas del SEPE no aparece en la estadística oficial de desempleo. Un desfase que cuestiona el triunfalismo del Gobierno y aleja cada vez más las cifras publicadas de la realidad del mercado laboral español.