En 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez destinó el 50,1% de sus costes de producción al pago de las nóminas de los trabajadores del sector público, cifra que supera en casi ocho puntos porcentuales la media del 42,1% destinada por el resto de países miembros de la OCDE. En este contexto, España se situó en la décima posición entre los 27 miembros, justo por detrás de Islandia, que destina un 50,5 % a salarios.
Aunque algunos países como Costa Rica y México destinan un porcentaje mucho más alto al pago de las nóminas de los trabajadores públicos, 26 miembros de la organización destinan un menor porcentaje a esta partida. Entre ellos, Japón (22,7%), Países Bajos (30%) y Alemania (31,3%) son los que menos gastan en salarios públicos. Por otro lado, estos dos últimos países priorizan más los costes asociados a los bienes y servicios que el Gobierno utiliza y financia.
En cuanto a la partida destinada a la compra de material y a la financiación de servicios públicos, España destinó un 38,9%, porcentaje inferior a la media del 44,5% del resto de países de la OCDE, reflejando una diferencia cercana a los seis puntos porcentuales. Durante 2023, los costes de producción crecieron en promedio un 0,5% del PIB en los países de la OCDE, mientras que España experimentó una reducción del 0,3%.
