España se enfrenta a un serio riesgo de perder miles de millones de euros de los fondos europeos Next Generation por la mala gestión del Gobierno de Sánchez. Y es que en el mes de febrero se ha producido un desplome en la adjudicación. Según la última actualización de la herramienta Elisa del Ministerio de Economía publicada por el portal Invertia, el volumen de convocatorias resueltas en el segundo mes del año alcanzó apenas 482 millones de euros, muy lejos de la media mensual de los últimos seis meses, situada en torno a los 1.200 millones.

Este frenazo en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia intensifica la presión sobre el Gobierno de Sánchez, que dispone de solo seis meses para adjudicar cerca de 27.944 millones de euros pendientes antes de la fecha límite del 31 de agosto. De no lograrlo, el dinero deberá devolverse a Bruselas. Fuentes conocedoras del proceso admiten que el ritmo actual hace «prácticamente imposible» cumplir con los plazos.

Desde el inicio del plan en 2021 hasta el 28 de febrero, España ha adjudicado 65.872 millones de euros, apenas 482 millones más que el dato registrado a 31 de enero. Este avance mínimo confirma la desaceleración y alimenta las previsiones más pesimistas. La magnitud del problema se agrava al observar que existen 93.816 millones en convocatorias, pero solo el 70,2 % está resuelto. Para cumplir con los objetivos, el Gobierno de Sánchez debería adjudicar unos 4.657 millones al mes, lo que supone multiplicar por diez el volumen registrado en febrero. Un reto que, según distintas fuentes, «no tiene precedentes en la ejecución administrativa reciente».

El problema no se limita a la adjudicación. Los datos de la Intervención General de la Administración del Estado revelan que en 2025 solo se ejecutaron pagos por 6.641 millones de euros, el 18,9 % del total presupuestado, lo que convierte ese ejercicio en el peor desde el inicio del programa. La tendencia descendente es clara: del 45% ejecutado en 2021 se ha pasado a cifras inferiores al 30% en los años posteriores.

Además, la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado durante tres años consecutivos ha provocado que los fondos no ejecutados se acumulen, incrementando la presión sobre ejercicios posteriores. Con todo, los expertos coinciden en un diagnóstico contundente: «España no llegará a tiempo». La combinación de lentitud administrativa, falta de ejecución y plazos inminentes sitúa al país al borde de un fracaso en la gestión de los fondos europeos sin precedentes.