La Generalidad catalana no ha tenido ningún incentivo para controlar su deuda desde la llegada de Pedro Sánchez al poder. Los dos partidos abiertamente separatistas —Junts y ERC— junto al PSC, que insiste en no serlo pese a su historial de concesiones, han llevado el endeudamiento autonómico a cifras sin precedentes, confiando en dos mecanismos: la mal llamada condonación de deuda, que en realidad carga sus números rojos sobre el conjunto de los contribuyentes españoles, y la puesta en marcha de un cupo catalán ilegal para aumentar sus ingresos y reducir sus aportaciones al sistema común.

Los datos del Banco de España son claros. Al cierre de 2017, Cataluña acumulaba una deuda pública reconocida de 77.740 millones de euros. Tras años de trato privilegiado por parte de Sánchez, la cifra ha escalado a 89.700 millones en el primer trimestre de 2025, un aumento de 11.960 millones, casi el doble del incremento registrado por la Comunidad de Madrid en el mismo periodo (6.868 millones).

En otras palabras: la Generalidad ha apostado desde el principio por beneficiarse de su posición en las negociaciones, sabiendo que el Gobierno trasladaría su deuda al resto de comunidades y le entregaría ingresos adicionales a costa del sistema común.

El pasado lunes, durante la reunión bilateral entre el Gobierno y la Generalidad para activar el denominado cupo catalán, los inspectores de Hacienda no dudaron en calificar la medida de “ruptura del sistema”.

El pacto responde al apoyo de los independentistas a la investidura de Salvador Illa y al respaldo urgente que necesita Sánchez en plena crisis por los escándalos de corrupción en su Gobierno. Cataluña está a punto de hacerse con la llave de la caja autonómica, empezando por el control del IRPF.

Las consecuencias para el resto de comunidades serían directas: menos fondos para financiar servicios públicos y ciudadanos de primera y de segunda.