El adelanto de las elecciones generales al 29 de noviembre sitúa al Gobierno de Pedro Sánchez ante un escenario económico que podría complicarse durante los próximos meses. La persistencia de los conflictos internacionales, el encarecimiento de los precios, el final de los fondos europeos extraordinarios y los desequilibrios de las cuentas públicas amenazan con alterar la evolución de una economía que ha registrado tasas de crecimiento superiores al 2% anual durante el último lustro.
Según publica elEconomista.es el cierre de 2026 y el comienzo de 2027 pueden coincidir con una combinación de riesgos económicos que reduzca el margen de actuación del Ejecutivo. A la incertidumbre internacional se suman problemas estructurales como el acceso a la vivienda, la baja productividad y el aumento de la deuda pública.
Uno de los principales focos de preocupación es la inflación. José María Rotellar, director del Observatorio de la Universidad Francisco de Vitoria, señala que la tasa española del índice de precios de consumo supera en más de un punto la media de la eurozona. El contexto geopolítico, marcado por los conflictos en Irán y Ucrania, amenaza con prolongar las presiones sobre los precios de la energía, los cereales y otros productos básicos.
El encarecimiento de los precios también puede dificultar la evolución de los tipos de interés. Según Rotellar, las subidas del coste de la financiación aumentarían la factura de los intereses de la deuda, que el informe de Freemarket Corporate Intelligence sitúa entre 36.000 y 42.000 millones de euros anuales. Este desembolso reduce los recursos disponibles para inversiones productivas y servicios como la sanidad y la educación, además de encarecer el acceso a la vivienda.
A esta situación se añade el agotamiento de los fondos europeos Next Generation, destinados a impulsar la recuperación tras la pandemia.
Un crecimiento impulsado por la inmigración
Otro de los aspectos cuestionados es la composición del crecimiento económico. Los trabajadores extranjeros ocuparon el 93% del empleo creado entre diciembre de 2025 y agosto de 2026. Durante ese periodo se generaron algo más de medio millón de puestos de trabajo, mientras que la afiliación de españoles a la Seguridad Social aumentó en 34.542 personas.
La vivienda constituye otro de los principales desafíos. El crecimiento de la población por la llegada de inmigrantes incrementa la demanda de alquiler y compra, mientras que la oferta continúa condicionada por las dificultades para construir, la burocracia y el bloqueo de la reforma de la Ley del Suelo. Los analistas prevén, además, una posible reducción de las viviendas disponibles para arrendar ante las restricciones regulatorias.
Más gasto, deuda y presión sobre las pensiones
Las cuentas públicas también reflejan desequilibrios. Según las cifras de la Intervención General de la Administración del Estado los gastos presupuestarios considerados ejecutados alcanzaron los 197.890 millones de euros en 2025, frente a los 96.848 millones de 2019. En el mismo periodo, la recaudación tributaria pasó de unos 213.000 millones a 325.300 millones, un incremento del 51%.
La deuda pública supera los 1,7 billones de euros, pese a que su peso relativo se ha aproximado al umbral del 100% del PIB. Además, el déficit estructural continúa por encima del 3% del producto interior bruto, según el análisis publicado.
La Seguridad Social afronta asimismo una presión creciente por el gasto en pensiones. Y los expertos también cuestionan la prioridad concedida a las subvenciones frente a la inversión.