La Justicia belga ha vuelto a golpear al Gobierno español. Los tribunales de Bruselas han embargado 207,3 millones de euros a España por el impago de las indemnizaciones a las empresas de renovables, derivadas de la retirada retroactiva de ayudas. La decisión afecta a los pagos que realiza Eurocontrol —el organismo europeo de gestión aérea— a Enaire, la empresa estatal que presta este servicio.

El proceso se inició tras la reclamación de RREEF y otras compañías afectadas, que acudieron a la Justicia belga al comprobar que España seguía sin ejecutar los laudos arbitrales del Ciadi, el organismo vinculado al Banco Mundial. En un principio esperaban recuperar unos 80 millones, pero los embargos ya superan con creces los 200 millones. De ellos, 197,3 millones corresponden a pagos a Enaire y 10 millones a otras obligaciones menores.

La decisión judicial responde a la reclamación de Eurus Energy, filial del grupo Toyota, que invirtió en parques eólicos y solares en Galicia y Asturias. El Ciadi reconoció su derecho a percibir 106,2 millones de euros más intereses por la retirada de las primas a las renovables decretada hace más de una década.

España ha intentado en repetidas ocasiones anular el laudo, pero sus recursos han sido rechazados. Ante la negativa a pagar, las empresas recurrieron a los tribunales ordinarios en distintos países. Reino Unido, Australia y Estados Unidos ya han emitido sentencias similares que suman más de 480 millones de euros en resarcimientos.

En Bruselas, la Corte de Apelación autorizó el pasado junio la intervención de los pagos de Eurocontrol a Enaire, y en julio otro tribunal fue más allá, autorizando el embargo de cuentas bancarias. No es la primera vez: hace un año, la Justicia belga ya bloqueó 105 millones para satisfacer otra deuda con Blasket Renewable Investment.

El conflicto tiene su origen en 2007, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lanzó un programa de primas a las renovables. La retirada retroactiva aprobada en 2013 por el Ejecutivo de Mariano Rajoy abrió la puerta a más de medio centenar de litigios internacionales. Hasta ahora, el Ciadi ha fallado a favor de las compañías en 26 casos.

La deuda reconocida supera ya los 1.900 millones de euros entre indemnizaciones, intereses y gastos legales. Sin embargo, el Gobierno sigue negándose a pagar, escudándose en que la normativa comunitaria no permite el abono de esas compensaciones. Mientras, los afectados recuerdan que los laudos arbitrales están amparados por el Tratado de la Carta de la Energía, acuerdo del que España ya ha anunciado su salida junto a otros países europeos.

En el Reino Unido incluso se ha autorizado la confiscación de bienes estatales españoles, como la sede del Instituto Cervantes en Londres, el centro educativo Vicente Cañada Blanch o cuentas bancarias vinculadas al Estado. Una presión creciente que amenaza con multiplicarse si el Gobierno persiste en su negativa a afrontar una deuda que lastra la imagen internacional de España y ha desplomado la inversión extranjera en el sector energético.