La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) ha considerado «ciertamente decepcionante, timorato e incomprensible» la decisión del Gobierno de prorrogar durante tres meses las rebajas fiscales aplicadas a la gasolina y el gasóleo, al entender que no ofrecen una respuesta suficiente ante el encarecimiento de los carburantes.
El Real Decreto-ley 25/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado, establece una reducción del Impuesto sobre Hidrocarburos equivalente a 20 céntimos por litro en octubre, 13 céntimos en noviembre y seis céntimos en diciembre. La norma incorpora además un mecanismo de salvaguarda que permitirá mantener descuentos superiores si la evolución de los precios supera determinados umbrales.
La patronal de las estaciones de servicio considera, sin embargo, que estas medidas son insuficientes para afrontar la situación actual y critica que el Ejecutivo haya optado por bonificaciones lineales que, en su opinión, «no resuelven la raíz del problema» de los costes energéticos.
Según Ceees, la evolución prevista para los próximos meses provocará que el precio del gasóleo apenas se vea alterado, mientras que la gasolina podría experimentar una reducción más limitada y cuyo efecto, sostiene, tardará en trasladarse al consumidor final.
La confederación también ha cuestionado que los carburantes hayan quedado fuera de las medidas extraordinarias previstas para otros productos energéticos. En concreto, reclama que se aplique una rebaja directa del IVA a los combustibles, al igual que contempla el nuevo paquete para determinados suministros de electricidad y gas cuando se superen los umbrales de inflación establecidos.
El Real Decreto-ley 25/2026 contempla que el IVA de la electricidad pueda bajar del 21% al 10 % cuando su IPC supere en más de un 15% el registrado un año antes. El mismo tipo reducido podrá aplicarse al gas natural y determinados productos energéticos bajo las condiciones fijadas en la norma.
El presidente de Ceees, Javier de Antonio, ha cuestionado que el Consejo de Ministros no haya extendido una medida similar a los carburantes de automoción y ha defendido que el combustible debería recibir un tratamiento equivalente al de otras fuentes de energía.
La patronal reclama así una rebaja fiscal adicional y advierte de que el alivio previsto puede llegar tarde a los usuarios. «Volvemos a tropezar con el mismo problema que ya padecimos durante los meses de verano», ha señalado De Antonio, quien sostiene que el impacto de las ayudas sobre los precios finales podría ser limitado.
El Gobierno, por su parte, ha defendido el nuevo esquema como parte del tercer paquete de medidas para hacer frente al impacto de la crisis energética vinculada a la situación en Oriente Medio. El Ejecutivo cifra en unos 12.000 millones de euros el coste del conjunto de actuaciones aprobadas.
