Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en presentar un relato triunfalista sobre la evolución de la economía española, los datos oficiales reflejan una realidad muy distinta para millones de familias. El número de personas que no puede permitirse consumir carne, pollo o pescado al menos cada dos días se ha incrementado un 50% desde 2018, coincidiendo con la llegada del actual Ejecutivo a La Moncloa.

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2025, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y citada por Libre Mercado, el porcentaje de ciudadanos que no puede acceder de forma habitual a este tipo de alimentos básicos ha pasado del 3,6% en 2018 al 5,4% en 2025, una evolución que evidencia el empobrecimiento progresivo del consumo cotidiano.

El principal factor que explica este deterioro es la pérdida de poder adquisitivo provocada por una inflación acumulada cercana al 25% desde enero de 2019, mientras los salarios han permanecido prácticamente estancados. El encarecimiento de los productos básicos ha obligado a miles de hogares a recortar incluso en alimentación, una situación impensable hace apenas unos años.

La encuesta del INE confirma además que el 36,4% de los hogares españoles no puede afrontar gastos imprevistos, seis décimas más que el año anterior, lo que refleja una economía doméstica cada vez más frágil y dependiente del endeudamiento o de ayudas públicas.

Los datos de precios refuerzan este diagnóstico. Sólo en 2025, hasta el mes de noviembre, el precio de los huevos subió más de un 30%, la carne de vacuno un 18%, la carne de ave un 4,2% y el pescado fresco cerca de un 8%, según estadísticas oficiales. El resultado es una dieta cada vez más pobre para amplias capas de la población.

La radiografía social es aún más preocupante si se atiende a los indicadores de exclusión. Aunque el porcentaje de personas que llega a fin de mes con «mucha dificultad» descendió ligeramente hasta el 8,5%, la tasa AROPE —que mide el riesgo de pobreza o exclusión social— se situó en el 25,7%, lo que implica que uno de cada cuatro españoles vive en una situación de vulnerabilidad.

Especialmente alarmante es el impacto sobre los menores: el 34% de los niños menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una cifra que desmiente el discurso oficial y consolida una España más desigual y dependiente de subsidios.

Pese a este panorama, el Ejecutivo continúa presumiendo de indicadores macroeconómicos mientras la inflación, la presión fiscal y el encarecimiento del coste de la vida erosionan el bienestar real de las familias. Los datos del INE confirman así lo que millones de españoles ya perciben en su día a día: con Sánchez se vive peor, incluso para comer.