
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha vuelto a los mercados de capitales tres décadas después. El holding público ha realizado en los últimos cinco meses seis emisiones dentro de su nuevo programa de pagarés, por un importe conjunto de 161,8 millones de euros.
El regreso de la SEPI al mercado de deuda se produce, además, en un momento especialmente delicado para sus cuentas. El endeudamiento consolidado del grupo alcanzó en 2025 los 16.504 millones de euros, un 17,5% más que un año antes y casi el doble que en 2021, cuando ascendía a 8.287 millones. En apenas cuatro años, por tanto, la deuda se ha duplicado.
El nuevo programa de pagarés permite a la SEPI captar hasta 1.000 millones de euros directamente en los mercados de capitales. La operación abre una nueva vía de financiación para un holding cuyo endeudamiento se encuentra en máximos y que ha asumido en los últimos años un papel cada vez más activo en las decisiones empresariales del Gobierno de Pedro Sánchez.
La SEPI presentó el programa como una fórmula para «diversificar sus fuentes de financiación». En la práctica, le permite disponer de recursos adicionales sin tener que recurrir exclusivamente a los Presupuestos Generales del Estado o a la financiación bancaria. Con ellos podrá afrontar nuevas inversiones y, sobre todo, seguir respaldando a unas empresas públicas que acumulan importantes necesidades financieras.
El recurso a los mercados se produce después de que el Gobierno de Sánchez haya convertido a la SEPI en uno de sus principales instrumentos para aumentar la presencia del Estado en empresas estratégicas. El holding ha elevado su participación en Indra, ha entrado en Telefónica hasta alcanzar el 10% del capital y ha participado en la operación para tomar el control de Talgo mediante una combinación de capital y deuda.
La estrategia ha supuesto un giro en el papel tradicional de la SEPI: de gestionar participaciones públicas a convertirse en una herramienta cada vez más utilizada por el Ejecutivo para intervenir directamente en compañías consideradas estratégicas. Ahora, el programa de pagarés le proporciona una nueva fuente de recursos para mantener esa política mientras el endeudamiento del grupo sigue creciendo.
El problema es que la expansión del perímetro de actuación de la SEPI coincide con un fuerte aumento de sus obligaciones financieras. El grupo cerró 2025 con una deuda consolidada de 16.504 millones de euros, un 17,5% más que un año antes y casi el doble de los 8.287 millones registrados en 2021.
Además, el calendario de vencimientos añade presión a las cuentas. De toda la deuda acumulada al cierre de 2025, 8.271 millones de euros vencen durante 2026. Es decir, prácticamente la mitad del pasivo del grupo tendrá que ser refinanciado o amortizado en apenas un año.
En este contexto, los pagarés ofrecen a la SEPI una nueva herramienta para obtener liquidez y afrontar sus compromisos. También permiten al Gobierno de Sánchez disponer de mayor margen para seguir financiando sus operaciones empresariales sin depender directamente de nuevas transferencias presupuestarias.
La financiación bancaria continúa teniendo un peso relevante. La SEPI y sus participadas acumulaban 4.761 millones de euros de deuda con entidades financieras a cierre de 2025. El tipo medio se situó en el 2,74%. De esa cantidad, 3.518 millones correspondían directamente al holding, mientras que el resto estaba en manos de sus empresas, entre ellas Correos, que acumulaba 953 millones de deuda bancaria.
Buena parte de la presión financiera procede de las propias compañías que integran el grupo. Entre ellas destaca Navantia, que acumula 4.728 millones de euros en préstamos concedidos por el Ministerio de Industria y Turismo para financiar grandes programas vinculados a Defensa.
A esa cantidad se añaden más de 2.200 millones de euros en préstamos de la propia SEPI. El respaldo público no ha impedido, sin embargo, que la compañía naval vuelva a cerrar el ejercicio con pérdidas en 2025 pese a contar con una cartera de pedidos récord.
El caso de Correos tampoco resulta menor. La empresa postal acumula más de 1.000 millones de euros de pérdidas durante la última década y ha necesitado un apoyo continuado de Ejecutivo para sostener su actividad. En 2025 volvió a beneficios, pero después de años de inyecciones de capital y respaldo financiero público.
El Gobierno de Sánchez aprobó ese mismo año una nueva operación de apoyo por 3.000 millones de euros destinada a garantizar la viabilidad y solvencia de la compañía, una operación que contó con autorización del Congreso.
A todo ello se suma Sepides, que acumula 3.264 millones de euros vinculados a fondos recibidos del Ministerio de Industria y Turismo para gestionar los Perte financiados con fondos europeos.