Unidos Podemos ha avisado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no apoyará a un Ejecutivo que permita el cierre de sectores estratégicos industriales como las fábricas de Alcoa en Avilés (Asturias) y La Coruña o el Astillero de La Naval de Sestao (Vizcaya).
«No apoyaremos al Gobierno si practica las mismas políticas industriales que el PP», ha dicho la diputada de En Marea Yolanda Díaz, en referencia a los próximos reales decretos leyes que el Ejecutivo pretende convalidar el 22 de enero.
También la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Ione Belarra y el diputado de Podemos Rafael Mayoral han urgido a la ministra de Industria, Reyes Maroto, a actuar y hacer aportaciones públicas, tal como han hecho para «rescatar a la banca o las autopistas».
«Se puede hacer una intervención parcial con capital público, o total. En el caso de Alcoa no habría ningún problema», ha recalcado Yolanda Díaz, tras insistir en que países como Francia, Italia o Alemania «no dejarían caer sectores estratégicos».
Los portavoces parlamentarios se han reunido hoy con el representante de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para trasladarles esta propuesta.
Además, para la formación morada es «insuficiente» el acuerdo de mínimos alcanzado anoche para continuar las negociaciones que el Gobierno, la Xunta de Galicia y el Principado de Asturias mantienen con la multinacional estadounidense de aluminio.
Alcoa estaría dispuesta a mantener en condiciones las series de electrolisis de las factorías de Avilés (Asturias) y La Coruña para que se pudiera rearrancar la actividad en ellas si surge un inversor, siempre que los trabajadores, cuya participación es necesaria en el proceso, estén de acuerdo.
Maroto ha anunciado este miércoles que el Gobierno ha dado un ultimátum a Alcoa, a la que acusa de bloquear la negociación para evitar el cierre de sus plantas en La Coruña y Avilés, y le ha exigido paralizar el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de extinción y alagar seis meses más las negociaciones.
Mayoral ha recalcado que el Gobierno «debe decir con nitidez a España y a los inversores si va a consentir o no los cierres», tanto de Alcoa como de La Naval. En este último caso con una carga de trabajo de 20 meses.
