El sistema público de pensiones español afronta una presión cada vez mayor por el envejecimiento de la población, la caída de la natalidad y el aumento sostenido del gasto. Así lo advierte el informe Las pensiones en España: análisis crítico y propuestas de mejora, elaborado por el think tank CEFAS, de la Universidad CEU San Pablo, bajo la coordinación de Alejandro Macarrón.

El documento dibuja un panorama sombrío para la Seguridad Social y alerta de que el actual modelo es cada vez más difícil de sostener sin reformas profundas. Entre las posibles medidas, el informe apunta a la necesidad de retrasar de forma significativa la edad ordinaria de jubilación y recuerda que Alemania ya ha planteado elevarla progresivamente hasta los 73 años en 2060.

El problema central es el fuerte desequilibrio entre ingresos y gastos. En 2024, las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social desembolsaron 181.254 millones de euros, equivalentes al 11,2% del PIB. De esa cifra, 125.369 millones correspondieron exclusivamente a pensiones de jubilación, que ya absorben más del 70% de todas las prestaciones del sistema.

A esa factura se suman 26.380 millones de euros en pensiones de viudedad, además de miles de millones destinados a incapacidad permanente, bajas laborales, prestaciones familiares y gastos de funcionamiento.

Sin embargo, los ingresos por cotizaciones no alcanzan para cubrir ese volumen de gasto. Según recoge el informe, la Seguridad Social ingresó 146.149 millones de euros mediante cotizaciones y tasas, lo que generó un déficit operativo directo de 33.868 millones.

Si se incorporan las transferencias estatales, las prestaciones no contributivas y el resto de mecanismos de financiación complementarios, el agujero real ascendería a 69.783 millones de euros, una cifra superior incluso al déficit total registrado por todas las Administraciones Públicas españolas en 2024.

La raíz del problema es demográfica. Cuando se creó el sistema moderno de Seguridad Social en España, había más de siete personas en edad de trabajar por cada ciudadano mayor de 65 años. Hoy esa proporción ha caído a apenas 2,9 trabajadores potenciales por pensionista, y las proyecciones apuntan a un deterioro aún mayor durante las próximas décadas.

El informe recuerda que la tasa de fecundidad española se sitúa en torno a 1,10 hijos por mujer, una de las más bajas del mundo desarrollado. Sin relevo generacional suficiente, el sistema se enfrenta a una carga creciente sobre una base cada vez más estrecha de cotizantes.

España destaca además por el peso de las pensiones sobre su economía. En 2023, dedicó el 12,4% del PIB a pensiones de jubilación y viudedad, por encima de la media de la Unión Europea, situada en el 11,8%. Sólo países especialmente envejecidos, como Italia, presentan porcentajes superiores.

El estudio subraya también la elevada generosidad del modelo español. La tasa de sustitución —la relación entre el último salario y la primera pensión percibida— ronda el 80%, una de las más altas de Europa junto a Grecia. Este diseño explica en parte el escaso desarrollo del ahorro privado para la jubilación.

El patrimonio acumulado en planes de pensiones apenas supera los 137.000 millones de euros, alrededor del 8% del PIB. La cifra queda muy lejos de los niveles habituales en la OCDE, donde el ahorro previsional suele situarse entre el 90% y el 100% del PIB, y de casos como Dinamarca o Países Bajos, donde los fondos de pensiones equivalen a más del doble de la producción anual.

Uno de los datos más contundentes del informe es el desequilibrio entre lo aportado y lo recibido. Citando estimaciones del Banco de España, el estudio señala que cada jubilado percibe, de media, hasta un 74% más de lo cotizado durante su vida laboral. En términos prácticos, por cada 1.000 euros aportados al sistema, el pensionista medio acaba recibiendo unos 1.740 euros en prestaciones una vez descontada la inflación.

Mientras tanto, las pensiones han evolucionado de forma mucho más favorable que los salarios. Entre 2010 y 2025, la pensión media aumentó entre un 65% y un 70%, mientras que los salarios crecieron sólo entre un 22% y un 25%, por debajo incluso de la inflación acumulada durante ese periodo.

El resultado es un debate cada vez más evidente sobre la sostenibilidad financiera del sistema y sobre el reparto de cargas entre generaciones. España paga pensiones cada vez más elevadas con menos cotizantes relativos, salarios estancados y una natalidad hundida.

Ante este escenario, los autores del informe plantean reforzar el ahorro privado para la jubilación, revisar los incentivos fiscales y contener el crecimiento del gasto público asociado al envejecimiento. También advierten de que, sin una recuperación significativa de la natalidad, el problema seguirá agravándose.