España llega a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con más de una cuarta parte de su población en riesgo de pobreza o exclusión social. Según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE), el 25,7% de los residentes en España se encuentra en esta situación, apenas ocho décimas menos que en 2023, año en el que comenzó la última legislatura de Pedro Sánchez.
Pese al crecimiento económico y a los récords de ocupación reivindicados por el Gobierno, el 19,5% de la población se encuentra en riesgo de pobreza relativa y el 8,1% padece carencias materiales y sociales severas. Asimismo, el porcentaje de personas que residen en hogares con una baja intensidad laboral permanece estancado en el 8%.
La fragilidad económica de las familias también se refleja en su capacidad de ahorro. El 36,4% de la población no dispone de recursos suficientes para afrontar un gasto imprevisto, frente al 35,8% del año anterior. Asimismo, el 32,2% no puede permitirse siquiera una semana de vacaciones fuera de su domicilio y el 8,5% reconoce tener serias dificultades para llegar a fin de mes.
Uno de cada tres menores de 16 años, en riesgo de pobreza o exclusión
La situación resulta especialmente preocupante entre los más jóvenes. El 33,9% de los menores de 16 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 29,9% registrado en 2018, año de la llegada de Sánchez a La Moncloa.
La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) ha advertido, en declaraciones a RTVE, de que la última legislatura concluye sin haber resuelto el problema estructural de la pobreza infantil. Por su parte, la Fundación FOESSA, vinculada a Cáritas Española, estima que 9,4 millones de personas vivían en situación de exclusión social en 2024, de las cuales 4,3 millones padecían exclusión severa.
La crisis de la vivienda agrava las dificultades económicas
El encarecimiento de la vivienda se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la estabilidad económica de las familias. Según los datos recogidos por EAPN, el 43,6% de quienes residen en una vivienda alquilada a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 19,5% de quienes viven en una vivienda de su propiedad.
A ello se añaden las dificultades de acceso a las ayudas públicas. Según la organización, el 55% de los potenciales beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital no percibía esta prestación en 2024. Por territorios, Andalucía registra la mayor tasa de riesgo de pobreza o exclusión social entre las comunidades autónomas, con un 34,7%, seguida de Castilla-La Mancha (34%), Murcia (32,5%) y Canarias (31,2%). Las cifras son todavía más elevadas en las ciudades autónomas de Melilla (43,7%) y Ceuta (40,8%).
Aunque la tasa general de riesgo de pobreza o exclusión social ha descendido desde el 27,3% registrado en 2018, la mejora de los indicadores macroeconómicos no ha conseguido reducir las dificultades económicas con la misma intensidad entre todos los sectores de la población. La persistencia de la pobreza infantil, el encarecimiento de la vivienda y la incapacidad de millones de familias para afrontar gastos extraordinarios constituyen algunos de los principales problemas sociales con los que España llega a las urnas.