«Ser es defenderse», RAMIRO DE MAEZTU
Este artículo se publicó en La Gaceta antes de convertirse en La Gaceta de la Iberosfera, no siendo entonces propiedad de Fundación Disenso.

585 nuevas muertes y 5.252 contagios de coronavirus según Sanidad

Varias ambulancias en la entrada de Urgencias del Hospital Insular de Gran Canaria.

La Fiscalía General del Estado ha informado que tiene abiertas al menos 38 investigaciones penales a otras tantas residencias de mayores de todo el país por la gestión de la pandemia del coronavirus, la mitad de ellas en la Comunidad de Madrid, y otras 124 diligencias dentro del ámbito civil.

Son datos oficiales ofrecidos este viernes por el ministerio público, que advierte, no obstante, de que no dibujan «una foto fija» respecto a las investigaciones a centros de mayores, un sector especialmente golpeado por el virus.

Por comunidades autónomas, a 15 de abril, la Fiscalía General ha «constatado abiertas» investigaciones a 19 residencias de Madrid; 7 de Cataluña; 5 de Castilla-La Mancha; 2 de Castilla y León y otras tantas de Murcia; y 1 de Canarias, de la Comunidad Valenciana y de Cantabria.

Sin embargo, el Ministerio Público admite que la cifra puede ser mayor porque estos datos provienen de las Fiscalías Provinciales, que remiten la información a las Superiores y éstas a la Fiscalía General, por lo que es posible que se hayan abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha información.

Por ello, la Fiscalía se ha comprometido a actualizar los datos el próximo martes.

El ministerio público no ha precisado cuáles son los presuntos delitos por los que se investiga a dichos centros ni los nombres de los mismos.

En el orden civil, las Fiscalías Superiores han abierto 124 expedientes, tanto a residencias como a usuarios en el ámbito de protección de sus derechos.

Por otra parte, el Defensor del Paciente ha presentado más de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias en la que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisión del deber de auxilio, entre otras, precisan a Efe fuentes de esta institución.

Dichas fuentes explican que se trata de personas que no han derivado a hospitales y a quienes no se les hizo prueba de COVID, ni se le facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa. «Se les ha dejado morir» y «la responsabilidad es doble, de las empresas que las gestionan y de las CCAA», han aseverado las fuentes.

En la Comunidad de Madrid, que acumula el mayor número de residencias investigadas, fuentes fiscales han precisado que las diligencias suelen abrirse a raíz de denuncias de familiares de los ancianos residentes o de asociaciones como el Defensor del Pueblo.

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