La FiscalĂa General del Estado ha informado que tiene abiertas al menos 38 investigaciones penales a otras tantas residencias de mayores de todo el paĂs por la gestiĂłn de la pandemia del coronavirus, la mitad de ellas en la Comunidad de Madrid, y otras 124 diligencias dentro del ĂĄmbito civil.
Son datos oficiales ofrecidos este viernes por el ministerio pĂșblico, que advierte, no obstante, de que no dibujan «una foto fija» respecto a las investigaciones a centros de mayores, un sector especialmente golpeado por el virus.
Por comunidades autĂłnomas, a 15 de abril, la FiscalĂa General ha «constatado abiertas» investigaciones a 19 residencias de Madrid; 7 de Cataluña; 5 de Castilla-La Mancha; 2 de Castilla y LeĂłn y otras tantas de Murcia; y 1 de Canarias, de la Comunidad Valenciana y de Cantabria.
Sin embargo, el Ministerio PĂșblico admite que la cifra puede ser mayor porque estos datos provienen de las FiscalĂas Provinciales, que remiten la informaciĂłn a las Superiores y Ă©stas a la FiscalĂa General, por lo que es posible que se hayan abierto nuevas diligencias y no se haya recibido dicha informaciĂłn.
Por ello, la FiscalĂa se ha comprometido a actualizar los datos el prĂłximo martes.
El ministerio pĂșblico no ha precisado cuĂĄles son los presuntos delitos por los que se investiga a dichos centros ni los nombres de los mismos.
En el orden civil, las FiscalĂas Superiores han abierto 124 expedientes, tanto a residencias como a usuarios en el ĂĄmbito de protecciĂłn de sus derechos.
Por otra parte, el Defensor del Paciente ha presentado mĂĄs de 200 denuncias por fallecimientos de mayores en residencias en la que pide investigar si se ha podido cometer un delito de omisiĂłn del deber de auxilio, entre otras, precisan a Efe fuentes de esta instituciĂłn.
Dichas fuentes explican que se trata de personas que no han derivado a hospitales y a quienes no se les hizo prueba de COVID, ni se le facilitó asistencia sanitaria y tampoco se permitió a sus familiares que se los llevasen a casa. «Se les ha dejado morir» y «la responsabilidad es doble, de las empresas que las gestionan y de las CCAA», han aseverado las fuentes.
En la Comunidad de Madrid, que acumula el mayor nĂșmero de residencias investigadas, fuentes fiscales han precisado que las diligencias suelen abrirse a raĂz de denuncias de familiares de los ancianos residentes o de asociaciones como el Defensor del Pueblo.
