El exministro socialista José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo que el juicio por las supuestas comisiones en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia sea celebrado por un jurado popular y no por el alto tribunal. En un escrito presentado ante el Supremo, su defensa sostiene que los principales delitos que se le imputan son competencia del tribunal del jurado.
En concreto, Ábalos está acusado de cohecho, tráfico de influencias y malversación en el conocido como caso de las mascarillas. Según su abogado, estos delitos encajan plenamente en el ámbito de actuación del jurado popular, por lo que no deberían ser juzgados directamente por el Tribunal Supremo.
La defensa reconoce que en el escrito de acusación figuran otros dos delitos —organización criminal y uso de información privilegiada— que no son propios del conocimiento del jurado. No obstante, sostiene que “el grueso de las imputaciones” corresponde a delitos competencia del jurado popular y que estos “arrastran” a los otros dos, justificando así su petición.
Paralelamente, el Tribunal Supremo celebrará el próximo 15 de enero una vista para estudiar el recurso presentado por Ábalos contra su ingreso en prisión provisional, acordado el pasado 27 de noviembre. Los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena, encargados de revisar las decisiones del juez instructor del caso Koldo, han accedido a celebrar esta vista a petición del exministro.
Ábalos, que se encuentra en la prisión madrileña de Soto del Real junto a su exasesor Koldo García, recurrió su encarcelamiento alegando que no existe riesgo de fuga, ya que acudió “sin resistirse” a la comparecencia judicial. Sin embargo, el juez decretó prisión preventiva al apreciar un riesgo “extremo” de fuga, dadas las elevadas penas solicitadas: la Fiscalía pide 24 años de cárcel para el exministro y 19 y medio para su exasesor, mientras que las acusaciones elevan la petición hasta los 30 años.
El juez Leopoldo Puente acordó el pasado 11 de diciembre la apertura de juicio oral contra Ábalos, Koldo García y el presunto comisionista de la trama, Víctor de Aldama, quien afronta una petición de siete años de prisión y goza de una mejor situación procesal por su colaboración con la justicia. Este será el primer juicio del caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas tanto en el Supremo como en la Audiencia Nacional, algunas de ellas relacionadas con presuntos amaños en adjudicaciones públicas y pagos en efectivo vinculados al PSOE.
