La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró este viernes la sede de Acciona en Madrid para obtener información relacionada con la investigación sobre presuntas mordidas ligadas al anterior secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Los agentes se centraron en el departamento de construcción y reclamaron acceso al ordenador y a todos los dispositivos que había utilizado un alto cargo del área, Justo Vicente Peligrini, despedido el pasado mes de junio.

Vicente, histórico director de Acciona Construcción, fue apartado de la compañía cuando salió a la luz la sospecha de que determinadas adjudicaciones públicas pudieron incluir pagos irregulares destinados a la trama vinculada al PSOE. Su despacho fue precintado para permitir un registro exhaustivo. Su sustituto, José Damián Sáez, tuvo que desalojarlo a primera hora de la mañana para que los agentes pudieran revisar durante horas toda la información contenida en los dispositivos del antiguo directivo.

Desde Acciona sólo señalan que, «en el marco de las investigaciones abiertas, la empresa ha facilitado toda la documentación requerida por las diligencias judiciales relacionadas con los registros en las oficinas de Madrid y Bilbao». Fuentes internas admiten que el registro tomó por sorpresa a la compañía.

La operación de la UCO no se limitó a la capital. También accedieron a las instalaciones de Tecade y Freyssinet en Sevilla, las empresas que formaron junto a Acciona una Unión Temporal de Empresas para ejecutar la ampliación del Puente del Centenario, un contrato de 71,4 millones de euros. Esa adjudicación aparece bajo sospecha desde el primer informe de los investigadores el pasado junio, dado el interés directo que mostraron sobre ella Cerdán, el entonces ministro José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García.

El informe policial recuerda conversaciones intervenidas en las que el entonces director general de Carreteras, Javier Herrero, informaba a Koldo García en septiembre de 2020 de que había «buenas noticias del centenario de Sevilla», debido a la inminente licitación urgente por el deterioro del puente. En enero, Herrero comunicó que la oferta de Acciona había sido la más baja «sin caer en baja temeraria», información que Koldo trasladó después a Cerdán. La obra fue adjudicada a la UTE liderada por Acciona y, más tarde, el Ministerio autorizó elevar el presupuesto hasta los 103 millones, un incremento destacado en el informe de la UCO.

Desde el grupo que preside el presidente José Manuel Entrecanales subrayan su «plena colaboración» con la investigación y niegan vínculo alguno entre el registro y el fuerte retroceso bursátil de la compañía. Acciona cerró la jornada con una caída del 7,62%, aunque llegó a perder más del 11% en algunos momentos. El Ibex retrocedió ese día un 2,80%.

El inesperado movimiento de la UCO impactó también en los mercados, ya que la empresa no había sufrido castigos relevantes tras el inicio del caso en junio. Entonces se conoció que las UTE que Acciona mantenía con Servinabar —participada por Cerdán— habían desembocado en adjudicaciones bajo sospecha de pagos irregulares por parte de la firma navarra. Tras destaparse el escándalo, Entrecanales cortó toda relación con Servinabar y cesó a Vicente por su gestión de la relación con esa empresa, negando que se tratase de irregularidades internas de Acciona.

En el entorno de la compañía consideran que la caída en Bolsa respondió más a la reacción de algunos inversores ante su nuevo plan de negocio, que prevé ralentizar operaciones. La filial de renovables retrocedió un 5,90% en la misma sesión. Aun así, Acciona acumula una revalorización superior al 63% en lo que va de año y mantiene una capitalización de 10.000 millones de euros.