La empresa pública ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes de Óscar Puente, adjudicó en noviembre de 2024 las obras de construcción del nuevo edificio de viajeros de la estación de Barcelona Sants escasos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el propio Puente coincidieran en la India con uno de los máximos ejecutivos de Acciona mientras morían decenas de españoles en la DANA. El contrato, valorado en más de 153 millones de euros, recayó en una unión temporal de empresas liderada por la constructora de la familia Entrecanales junto a Copcisa.

La adjudicación de esta obra emblemática, una de las más codiciadas del panorama nacional por su dimensión simbólica y económica, situó a Acciona en cabeza tras imponerse en la valoración técnica frente a otras seis candidatas, tal y como ha avanzado The Objective. Aunque su propuesta no fue la más barata, la mesa de contratación consideró que ofrecía la mejor relación entre calidad y precio.

El momento elegido para la firma no pasó desapercibido. Apenas seis días antes, el 29 de octubre de 2024, Sánchez y Puente habían participado en un acto institucional organizado por la Fundación Consejo España-India, presidida por el vicepresidente de Acciona, Juan Ignacio Entrecanales. Aquel evento tuvo lugar en plena visita oficial del Gobierno a la India, un viaje en el que la compañía fue una de las grandes protagonistas de la delegación empresarial invitada por Moncloa.

Precisamente el nombre de Entrecanales aparece citado en uno de los últimos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que investiga una presunta red de pagos irregulares en torno a contratos públicos. Según los investigadores, el directivo estaba supuestamente convocado a una reunión con Antxon Alonso, propietario de la empresa navarra Servinabar, para explorar una colaboración relacionada con permisos de explotación minera en Navarra. Desde el entorno del vicepresidente de Acciona aseguran que dicho encuentro nunca llegó a celebrarse.

La investigación apunta a que Acciona habría mantenido una relación continuada con Servinabar como vía para el pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones públicas. Esta operativa es conocida por los agentes como la «trama del 2%». El nexo político de esta supuesta red sería Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, a quien se atribuye el papel de intermediario entre empresa y administración a cambio de mordidas que rondarían los siete millones de euros.

De acuerdo con las diligencias, Servinabar habría funcionado como una empresa pantalla, sin estructura suficiente para ejecutar grandes obras, pero integrada en UTE junto a grandes constructoras para canalizar beneficios desproporcionados. Parte de esos ingresos, siempre según la UCO, habrían acabado sufragando gastos personales de Cerdán, desde viajes hasta el uso de inmuebles en Madrid, incluido un ático familiar con un alquiler de más de 3.000 euros mensuales.

Entre los proyectos bajo sospecha figura también la reforma del Puente del Centenario de Sevilla. Aquella actuación, licitada inicialmente por 71 millones de euros, terminó encareciéndose hasta los 84 millones. La Guardia Civil sostiene que Servinabar, pese a contar con una participación testimonial en los trabajos —con un único trabajador adscrito, familiar de Cerdán—, habría obtenido cerca de dos millones de euros de beneficio neto.

Volviendo a Barcelona Sants, el contrato fue rubricado por Juan Pablo Villanueva, entonces director general de ADIF Alta Velocidad y uno de los hombres de máxima confianza de la expresidenta del organismo, Isabel Pardo de Vera. Villanueva fue ascendido en marzo a director general de Negocio de ADIF, aunque su etapa en el cargo duró apenas cuatro meses: fue cesado coincidiendo con la imputación judicial de Pardo de Vera.