Los dirigentes de la consultora Acento, creada para dar vida a expolíticos del bipartidismo (PP y PSOE), contra las cuerdas tras nuevas revelaciones que los vinculan con una trama de influencias en el Ministerio de Transportes. Las pesquisas del caso Koldo apuntan directamente al secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, y a su socio y exministro de Fomento, José Blanco, por supuestamente facilitar contratos millonarios al Grupo Puentes, una constructora gallega que en los últimos años ha multiplicado su negocio con la Administración central.

Según fuentes de la investigación consultadas por el diario El Español, la Guardia Civil habría obtenido grabaciones que implican tanto a Hernando como a Blanco y al presidente de la empresa, José Manuel Otero, en conversaciones sobre adjudicaciones públicas. Dichas pruebas se hallaron en el teléfono móvil incautado a Koldo García, antiguo colaborador de José Luis Ábalos y pieza clave de esta red.

En los registros de agenda de Koldo, los investigadores también han hallado reuniones frecuentes con Pepe Blanco, Otero y un personaje especialmente llamativo: Miguel Duch, un empresario chino cuyo verdadero nombre es Fangyong Du. Duch fue señalado por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) por su conexión con los servicios de espionaje de Pekín. Según la documentación recabada, este empresario habría actuado como intermediario entre Acento y la corporación estatal China Communications Construction Company (CCCC), interesada en adquirir el Grupo Puentes a través de su filial China Road and Bridge Corporation (CRBC).

La red de contactos que tejieron Hernando y Blanco, según las mismas fuentes, operaba paralelamente a la trama que hoy investiga el Tribunal Supremo dentro del caso Koldo, aunque ambos casos convergen a través del propio García. Fue el actual secretario de Estado quien, antes de reincorporarse al Gobierno en 2021, abrió la puerta de España al gigante chino de la construcción. De hecho, El Confidencial publicó una carta suya invitando oficialmente a directivos de CCCC a establecer contactos institucionales en nuestro país.

Hernando abandonó Acento (lobby presidido por el exministro del PP Alfonso Alonso) cuando pasó a ocupar un alto cargo en el gabinete de Pedro Sánchez, desprendiéndose formalmente de sus participaciones en la consultora. No obstante, la firma mantuvo lazos con su entorno más cercano: su esposa, Anabel Mateos —actual adjunta a la Secretaría de Organización del PSOE—, fue contratada poco después. Mateos ya había trabajado anteriormente en otro lobby, vinculado al histórico socialista andaluz Gaspar Zarrías, que a su vez recibió pagos de José Ruz, un empresario también investigado dentro del caso Koldo.

Acento, pese a la salida oficial de Hernando, continuó moviendo influencias dentro del Ministerio de Transportes gracias a funcionarios afines. Entre ellos destacan Ricardo Mar y Sergio Vázquez, ambos estrechamente ligados a la etapa de Ábalos y posteriormente de Raquel Sánchez. Mar, que fue jefe de Gabinete de ambos ministros, aparece en una nota manuscrita de Koldo en la que se detalla un pago de 12.000 euros «para las cuotas del PSOE», algo que el propio García ha reconocido públicamente.

Por su parte, Sergio Vázquez, hoy presidente de Ineco, y la exresponsable de Adif, Isabel Pardo de Vera, también fueron designados por el entorno de Blanco tras la llegada del PSOE al poder. Fuentes próximas al exministro confirman que él fue quien impulsó a estos nombres dentro de Fomento tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa.

Desde entonces, el Grupo Puentes ha conseguido contratos públicos por valor de unos 400 millones de euros, de los cuales 132 proceden directamente del Ministerio de Transportes. Buena parte de estas adjudicaciones se produjeron en solitario, mientras otras se materializaron a través de uniones temporales de empresas.

Los indicios recabados dibujan un esquema en el que antiguos dirigentes socialistas, reconvertidos en consultores, habrían aprovechado sus vínculos políticos para facilitar la entrada de capital extranjero y adjudicaciones públicas a cambio de beneficios económicos. La Fiscalía Anticorrupción y la UCO siguen rastreando el papel exacto de Acento en esta compleja red de intereses cruzados entre la política, los negocios y el poder estatal.