La tragedia ocurrida el pasado domingo en Adamuz, con al menos 40 fallecidos y decenas de heridos tras el descarrilamiento y posterior choque entre dos trenes de alta velocidad, no puede leerse como un episodio excepcional. Los datos oficiales confirman una realidad incómoda para el sistema ferroviario español: desde 2019 se han notificado más de 110 descarrilamientos en la red, una cifra que revela un deterioro progresivo de la infraestructura y de la gestión operativa.

El accidente de Adamuz, el más grave de los últimos años, se produjo además en un tramo con antecedentes. Desde 2022, Adif ha registrado al menos 20 incidencias en esta zona de la provincia de Córdoba. Averías en la catenaria, fallos técnicos reiterados y cortes del servicio han marcado un punto de la red que ya figuraba como conflictivo antes del siniestro mortal.

Las cifras desmontan el relato del accidente aislado. Los informes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios muestran que, desde 2019, se han abierto algo más de veinte investigaciones formales. Sin embargo, las memorias anuales elevan el número total de descarrilamientos notificados a más de un centenar, detalla El Debate. En algunos ejercicios, como 2023, se alcanzaron picos de hasta 25 casos en un solo año. Aunque no todos dejaron víctimas, la frecuencia de los incidentes apunta a problemas estructurales persistentes.

El diagnóstico coincide con las advertencias de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria. En su informe anual de 2025, el organismo contabilizó diez accidentes significativos, entre ellos cuatro descarrilamientos y tres colisiones. Dos personas murieron en pasos a nivel y seis resultaron heridas graves en otros sucesos. La AESF señala causas comunes que se repiten año tras año: deficiencias técnicas, errores humanos, carencias en la supervisión y fallos en los sistemas de comunicación. El documento también alerta de riesgos emergentes, como la falta de control en trenes averiados remolcados o la ausencia de elementos de seguridad básicos, situaciones presentes en varias investigaciones en curso.

La cronología reciente refuerza esa conclusión. En 2019, una colisión frontal entre dos trenes de Renfe en Castellgalí causó una víctima mortal y más de cien heridos. En los años siguientes se sucedieron descarrilamientos en León, El Prat de Llobregat, Villamuriel de Cerrato o Vila-seca, además de incendios, alcances y accidentes con mercancías peligrosas implicadas. En 2024 y 2025 se sumaron nuevos episodios en Madrid, Málaga, Navarra, Galicia y Castilla y León, algunos con graves daños materiales y otros con víctimas mortales.

Actualmente, la CIAF mantiene abiertas siete investigaciones, incluida la de Adamuz. Los expedientes abarcan descarrilamientos de trenes de alta velocidad, incidentes con composiciones remolcadas sin control suficiente, errores de comunicación entre responsables de circulación y colisiones con vehículos que invadieron la vía. A esta lista se añaden otros sucesos recientes que, aun sin víctimas, afectaron a miles de pasajeros y obligaron a interrumpir la circulación durante horas.

El patrón resulta evidente. Fallos en el mantenimiento de la infraestructura, deficiencias en el material rodante, protocolos de seguridad aplicados de forma desigual y una cadena de decisiones operativas que no siempre responde a los estándares exigibles. Adamuz no ha sido una anomalía imprevisible, sino el episodio más dramático de una secuencia prolongada de avisos.