ADIF recortará en 2027 casi un 14% la partida destinada a la auscultación de vías ferroviarias, el procedimiento técnico que permite detectar defectos, anomalías o fisuras en la infraestructura antes de que deriven en problemas graves de seguridad.
Según publica TO, la reducción será del 13,68% y afecta al último año de ejecución del contrato vigente para la auscultación de carriles en líneas de ancho ibérico y métrico en explotación. La partida pasará de 4.421.935,14 euros en 2026 a 3.816.935,14 euros en 2027, de acuerdo con la documentación obtenida a través del Portal de Transparencia.
El contrato fue firmado por ADIF junto con Redalsa SA, sociedad perteneciente al propio grupo ADIF y dedicada a la fabricación y mantenimiento de equipos para el sector ferroviario. Su objeto es la inspección técnica de carriles en líneas ferroviarias en explotación.
La reducción llega en un contexto especialmente sensible para la seguridad ferroviaria, después del debate público generado por el choque entre dos trenes AVE en Adamuz, Córdoba, que dejó 46 fallecidos y sobre el que algunos expertos sostuvieron que pudo evitarse con una mayor supervisión de las infraestructuras.
La auscultación ferroviaria es una pieza clave del mantenimiento preventivo y predictivo. Permite analizar el estado de los carriles, traviesas, balasto, geometría de vía y, en algunos casos, catenaria y plataforma ferroviaria. Tradicionalmente incluye inspecciones visuales realizadas por técnicos especializados, aunque actualmente se emplean sobre todo vehículos equipados con sensores, láseres, ultrasonidos y sistemas informáticos capaces de detectar anomalías con alta precisión.
ADIF dispone actualmente de seis trenes operativos para la auscultación de la red ferroviaria, entre ellos tres vehículos Stadler, un tren Séneca de tracción eléctrica para alta velocidad y dos trenes BT, capaces de circular por vías convencionales y de alta velocidad. Además, el ente público ha invertido 47,3 millones de euros en un nuevo tren auscultador 106 Talgo, actualmente en fase de homologación y previsto para entrar en funcionamiento a finales de este año.
El contrato vigente tiene una duración de 48 meses, con una posible prórroga de otros doce, y un precio total con IVA de 17.687.740,55 euros. Las anualidades fueron de 605.000 euros en 2023, 4.421.935,13 euros en 2024, 4.421.935,14 euros en 2025, 4.421.935,14 euros en 2026 y 3.816.935,14 euros en 2027.
La propia documentación precisa que la adjudicación se realizó por la totalidad del presupuesto base de licitación, aunque ello no implica compromiso de agotar el importe ni de cumplir exactamente las anualidades, ya que estas tienen carácter estimado.
La información procede de una petición realizada por TO al organismo estatal dependiente del Ministerio de Transportes, en la que se solicitaban datos sobre costes, vehículos, empresas participantes, tramos inspeccionados, homologaciones, kilómetros revisados, incidencias detectadas y planes de ampliación o nuevas adquisiciones.
ADIF concedió sólo parcialmente la información requerida. El gestor ferroviario explicó la existencia de dos contratos principales relacionados con vehículos biviales: uno de auscultación y otro de grúas. El primero contempla el uso de determinados medios materiales sin que ADIF adquiera necesariamente la propiedad de esos vehículos; el segundo se refiere a la adquisición y mantenimiento de ocho grúas biviales de 50 toneladas.
El organismo, sin embargo, rechazó detallar los tramos, líneas o secciones de la Red Ferroviaria de Interés General y de Alta Velocidad donde se emplearon estos vehículos, así como las fechas exactas de inicio, duración, continuidad o ampliación de estas prácticas. ADIF alegó que facilitar esos datos exigiría una labor de reelaboración de información que excede lo previsto por la normativa de acceso a la información pública.
Tampoco ofreció detalles sobre homologaciones, certificados de seguridad o autorizaciones, remitiendo esa cuestión a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
