
Bill Gates acaba de premiar a Pedro Sánchez en Nueva York por su «compromiso» con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Es decir, por la aplicación de la Agenda 2030 que el Gobierno impone con una obediencia y entusiasmo difíciles de encontrar en otros países. El galardón entregado ha sido durante el viaje del presidente español a Estados Unidos por la 80º Asamblea General de la ONU, el tipo de foro donde alguien como Sánchez es ovacionado, lejos de la música de viento que soportan sus oídos las pocas veces que baja a la calle o, peor aún, con la canción del verano que la juventud española entona en cada concierto.
No es ninguna exageración. La Fundación Gates —la mayor entidad filantrópica del mundo— y otras organizaciones supranacionales se han convertido en el refugio de este tipo de presidentes cuya acción de gobierno es contraria al interés general de la nación. Tampoco es casual que la primera reunión que Sánchez mantuviera al llegar a la Moncloa fuera con George Soros, otro «filántropo» que pone su entramado de organizaciones y fundaciones al servicio de la agenda globalista.
La Agenda 2030 cumple 10 años y España se adhiere bajo la presidencia de Mariano Rajoy a un documento («el evangelio!, en palabras del exministro de Exteriores García-Margallo) que consta de 17 objetivos que hablan de paz, justicia, personas, el planeta y prosperidad. Una década después ya se pueden extraer algunas conclusiones que exceden la literalidad de los enunciados plasmados en el papel.
La más evidente es el plan de traer inmigración masiva a los países occidentales. En España los datos son demoledores. Desde que Sánchez llega al poder en 2018 se estima que alrededor de 400.000 inmigrantes ilegales han entrado en nuestro país. Entretanto, el Pacto de Marrakech suscrito ese mismo año de 2018 y apoyado por la propia ONU acelera los flujos migratorios desde el tercer mundo hacia occidente. La inmigración masiva, por tanto, forma parte de la columna vertebral de la agenda impulsada por Naciones Unidas que apoyan desde el PP hasta Podemos.
He aquí, la cesión de soberanía, uno de los rasgos esenciales de la Agenda 2030. Cuestiones de vital importancia para las distintas naciones no se someten a votación. El pueblo alemán, por ejemplo, no votó la entrada de un millón de sirios en sus ciudades. Merkel decidió por ellos en su famoso «welcome refugees», que más que un eslogan humanitario resultó una declaración de guerra contra su propio pueblo. Esta realidad la padecen millones de europeos que contemplan con resignación su nuevo estatus: ser minoría en casa y ver que en algunas regiones ya nacen más hijos de extranjeros que de nacionales.
Aunque la puesta en práctica de los objetivos de la Agenda 2030 tenga consecuencias desastrosas, la terminología almibarada de filantropía que inspira su redacción es la coartada que el poder utiliza para imponer una agenda repleta de restricciones a la libertad y la prosperidad. Nada lo ejemplifica mejor que las «zonas de bajas emisiones», eufemismo que apela a salvar el planeta mientras oculta la prohibición a las clases más bajas de circular con su coche de gasolina antiguo. Quien no tenga dinero para un vehículo eléctrico no puede entrar en determinados lugares de la ciudad.
De este modo van cayendo, uno tras otro, los llamados impuestos verdes que también pagan quienes ya son despojados de su coche. La carga fiscal recae sobre usuarios, pero también sobre la industria o el sector primario, cuyo futuro es cada vez más negro ante tal cantidad de trabas y la invasión de productos procedentes del tercer mundo elaborados con mano de obra casi esclava y menor exigencia fitosanitaria en frontera.
Mientras unos pierden, otros ganan. Y uno de los grandes beneficiados por la Agenda 2030 es el lobby de las energías renovables, culpable de esos impuestos que pesan sobre la factura de la luz y que, huelga decirlo, los aprobaron gobiernos tanto socialistas como populares para asumir el coste del desarrollo de las energías renovables. ¿El resultado? La factura de la luz más cara de la historia y un gran apagón que dejó paralizado el país durante un día.
El poder, por supuesto, niega que tal apagón lo ocasionara su nuevo modelo energético consistente en el cierre de centrales nucleares y plantas industriales. ¿Acaso importa la verdad si Bill Gates da un premio a Sánchez y dice que sus acciones «están salvando y mejorando vidas en todo el mundo?».