La Policía Nacional ha detenido al menos a diez personas en el marco de una macrooperación contra el terrorismo yihadista desarrollada de forma simultánea en varias provincias españolas. La actuación ha sido coordinada por la Comisaría General de Información y se ha desplegado en Alicante, Málaga, Barcelona, Murcia y Madrid.

Por el momento, las autoridades no han facilitado detalles sobre la identidad de los arrestados, el número exacto de registros practicados ni los delitos concretos que se les atribuyen. Fuentes del Ministerio del Interior han señalado, no obstante, que los detenidos estarían presuntamente implicados en actividades relacionadas con el intento de envío de armas al exterior, con destino a zonas de conflicto vinculadas al extremismo yihadista.

Los arrestados pasarán previsiblemente este viernes a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de terrorismo y crimen organizado. La investigación permanece bajo secreto parcial y continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.

La operación se enmarca en las estrategias de vigilancia y prevención impulsadas por las fuerzas de seguridad frente a las redes de radicalización y apoyo logístico a organizaciones yihadistas. En los últimos años, las autoridades españolas han reforzado los mecanismos de cooperación policial e intercambio de información con organismos internacionales y socios europeos para detectar estructuras de financiación, captación y suministro vinculadas al terrorismo internacional.

España mantiene actualmente el nivel cuatro sobre cinco de Alerta Antiterrorista, considerado de riesgo alto, una situación que implica el refuerzo de los dispositivos de seguridad y de las capacidades de prevención, control y seguimiento por parte de los distintos cuerpos y organismos competentes. El Ministerio del Interior sostiene que este nivel contempla medidas específicas destinadas a incrementar la protección de infraestructuras estratégicas, espacios públicos y eventos de especial afluencia.

La investigación continúa bajo coordinación judicial mientras los agentes analizan la documentación y los materiales intervenidos durante los registros practicados en distintas provincias.