Alexander Enrique Granko Arteaga, coronel de la Guardia Nacional Bolivariana y jefe de la temida División de Asuntos Especiales (DAE) de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela, disfruta estos días de una estancia en el norte de España. Sus propias publicaciones en redes sociales lo muestran junto a un cartel del Camino de Santiago y sellando la credencial del peregrino en una oficina de la Guardia Civil, según informa El Español.

Lejos de ser un visitante cualquiera, Granko figura desde 2019 en la lista negra de sancionados de la Unión Europea por graves violaciones de derechos humanos: detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y ejecuciones extrajudiciales contra disidentes del régimen de Nicolás Maduro.

El reglamento de sanciones de la UE, actualizado en noviembre de 2023, establece para él la congelación de bienes y la prohibición de entrada o tránsito por cualquier Estado miembro. No existe constancia pública de que se le haya levantado esta restricción ni de que exista una excepción oficial, algo que requeriría autorización expresa y que es extremadamente infrecuente.

Ascendido a teniente coronel en 2020, Granko ha sido señalado por la ONU como responsable directo de la muerte bajo custodia del capitán Rafael Acosta Arévalo, un caso emblemático de tortura en Venezuela. Según el propio reglamento de ejecución del Consejo de la UE, entre 2017 y 2022 ordenó, supervisó y participó personalmente en detenciones arbitrarias, desapariciones de corta duración, torturas —incluida la violencia sexual— y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Su presencia en España, documentada públicamente por él mismo, plantea serias preguntas sobre el cumplimiento de las sanciones europeas y la pasividad de las autoridades españolas ante un alto cargo de un régimen señalado por crímenes de lesa humanidad.