El futuro de la central nuclear de Almaraz entrará en las próximas semanas en su fase decisiva. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) hará público antes de finales de julio su informe sobre el estado de la planta extremeña y, salvo una sorpresa de última hora, el dictamen será favorable a prolongar su funcionamiento hasta 2030, según fuentes conocedoras del proceso citadas por Abc.

El pronunciamiento del organismo supervisor despejaría cualquier duda técnica sobre la continuidad de Almaraz y trasladaría toda la responsabilidad de la decisión al Gobierno de Pedro Sánchez. El Ministerio para la Transición Ecológica dispondrá de un plazo de dos meses para resolver si autoriza la prórroga solicitada por las empresas propietarias o mantiene el calendario de cierre nuclear, que contempla la desconexión de los dos reactores en 2027 y 2028.

El informe del CSN tiene carácter vinculante sólo en caso de ser negativo. Si el organismo concluyera que la central no reúne las condiciones necesarias para continuar operando, el Ejecutivo estaría obligado a mantener su cierre. Sin embargo, un dictamen favorable dejaría la decisión final en manos del Gobierno, responsable de definir la política energética nacional.

Las empresas propietarias solicitaron el pasado otoño ampliar hasta 2030 el periodo de explotación de Almaraz. Desde entonces, el CSN ha analizado las condiciones técnicas y de seguridad de la planta para determinar si puede continuar en funcionamiento más allá de las fechas previstas en el calendario pactado en 2019.

Fuentes del sector energético sostienen que el Ministerio dirigido por la vicepresidenta Sara Aagesen conoce desde hace meses la situación técnica de la central y la previsión favorable del supervisor. Almaraz comparte tecnología con plantas de Estados Unidos que disponen de licencias para funcionar durante hasta 80 años y ya había superado análisis anteriores que contemplaban una vida operativa más prolongada.

Una decisión política con consecuencias para el sistema eléctrico

El previsible visto bueno del CSN convertirá definitivamente el futuro de Almaraz en una decisión política. El Ejecutivo deberá explicar si mantiene el cierre de una central técnicamente apta para continuar funcionando y que produce alrededor del 7% de toda la electricidad consumida en España.

La cuestión ha cobrado todavía más relevancia después del apagón sufrido por la Península Ibérica en abril de 2025, que reabrió el debate sobre la estabilidad del sistema eléctrico y el papel de la generación nuclear como fuente constante y gestionable frente a la creciente penetración de las energías renovables.

Las compañías propietarias del parque nuclear español, principalmente Iberdrola y Endesa, llevan meses reclamando la revisión del calendario de cierre. Ambas consideran que la prórroga de Almaraz hasta 2030 debería convertirse en el primer paso para establecer un nuevo horizonte para el conjunto de las centrales españolas.

Las eléctricas han renunciado incluso a exigir una revisión de la elevada carga fiscal que soporta la generación nuclear, una de sus principales reivindicaciones durante los últimos años. El objetivo inmediato es conseguir que el Gobierno permita mantener Almaraz en funcionamiento.

Naturgy ha mantenido un perfil más discreto en este debate, aunque su presidente, Francisco Reynés, también ha defendido públicamente la petición para prolongar la actividad de la planta extremeña hasta 2030.

El cierre de Almaraz no tendría únicamente consecuencias sobre la seguridad y la estabilidad del sistema eléctrico. También supondría un importante impacto económico para empresas y consumidores.

Un reciente informe de PwC calcula que la ausencia de los dos reactores de la central extremeña habría provocado en 2025 unos costes adicionales de 4.541 millones de euros para la industria española. A esta cantidad se sumarían otros 4.246 millones para los consumidores domésticos y las pequeñas y medianas empresas. En total, el impacto económico habría alcanzado los 8.787 millones de euros.

La consultora estima además que, en un escenario de encarecimiento del gas, el cierre de Almaraz habría elevado el precio del mercado diario de electricidad en más de 47 euros por megavatio hora.

Con el previsible informe favorable del CSN, el Gobierno tendrá que decidir antes de finales de octubre si mantiene el calendario de cierre nuclear o permite que una central técnicamente apta, responsable del 7% de la electricidad consumida en España y clave para la estabilidad del sistema, continúe funcionando hasta 2030.