El Ayuntamiento de Madrid ha reconocido que aplicó de forma incorrecta la tasa de basuras en los últimos ejercicios, aunque ha decidido no devolver los importes ya cobrados. La situación ha generado una avalancha de reclamaciones que mantiene colapsado el Tribunal Económico-Administrativo municipal, mientras los contribuyentes reclaman su derecho a recuperar lo pagado por un sistema que el propio consistorio ha calificado de “injusto e inadecuado”.

La polémica tasa nació a raíz de la Ley 7/2022 sobre residuos y suelos contaminados, una norma que obligaba a los ayuntamientos a ajustar los cobros al coste real del servicio. Sin embargo, el gobierno municipal optó por una fórmula rápida y uniforme: una cuota fija igual para todos los inmuebles, sin distinguir entre viviendas grandes o pequeñas, ni por número de habitantes o cantidad de residuos generados.

Ahora, el propio Ayuntamiento admite que ese modelo no reflejaba el gasto real y reconoce que vulneraba el principio de proporcionalidad recogido en la normativa. Pese a ello, insiste en que no habrá devoluciones porque los cobros se efectuaron “conforme al marco legal vigente” en aquel momento, según detalla Vozpópuli.

La Ley 7/2022 no impone un nuevo impuesto, sino que exige que las tasas se calculen conforme al coste efectivo de la gestión de residuos, siguiendo el principio europeo de “quien contamina paga”. Además, el artículo 24 de la Ley de Haciendas Locales especifica que las tasas no pueden tener un carácter recaudatorio.

Pese a esas exigencias, el consistorio madrileño prefirió cumplir los plazos fijados por el Gobierno central antes que diseñar un sistema justo. El resultado fue una tasa idéntica para todos los vecinos, sin atender a criterios de equidad ni de capacidad económica.

Tras meses de críticas vecinales y de presión política, el Ayuntamiento ha anunciado que modificará la ordenanza fiscal en 2026 para implantar un modelo más ajustado a la realidad. El nuevo sistema tendrá en cuenta el número de empadronados por vivienda y mantendrá bonificaciones de hasta el 100% para familias con bajos ingresos o beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital.

La delegada de Hacienda y Personal, Engracia Hidalgo, ha admitido que la norma actual “no es rigurosa” y que el equipo de gobierno “no comparte ni el fondo ni la forma” de la tasa. Sin embargo, fue tajante: los cobros no se devolverán.

El Tribunal Económico-Administrativo de Madrid está saturado. Miles de particulares y asociaciones vecinales han presentado recursos alegando que la tasa vulnera el principio de equivalencia y carece de proporcionalidad.

A este escenario se suma un argumento nuevo y poderoso: el reconocimiento público del Ayuntamiento de que cometió un error. Para varios juristas, esa admisión podría tener valor probatorio y abrir la puerta a reclamaciones más sólidas, al constituir lo que algunos califican como un “reconocimiento extrajudicial de nulidad material”.