La Fiscalía Anticorrupción considera que Joseba Antxon Alonso, socio del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la empresa Servinabar, pretende cuestionar la cadena de custodia de su teléfono móvil para abrir la puerta a futuros recursos judiciales y solicitar la nulidad de actuaciones en la investigación sobre presuntos amaños de obra pública, según avanza este domingo El Confidencial.

El fiscal Luis Pastor ha trasladado esta advertencia al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, instructor de la causa, en un escrito en el que se opone a la petición del empresario de examinar personalmente el dispositivo intervenido por la Guardia Civil. Alonso quería acudir a las dependencias de la Unidad Central Operativa (UCO), acompañado de su abogado y del agente responsable, para comprobar que la tarjeta SIM continúa dentro del terminal.

El magistrado rechazó inicialmente la solicitud, aunque el investigado ha recurrido esa decisión y el juez ha solicitado un nuevo pronunciamiento de la Fiscalía. Anticorrupción sostiene que la petición carece de fundamento y responde a una mera sospecha, sin elementos objetivos que justifiquen la diligencia.

La Fiscalía descarta indicios de manipulación del teléfono y señala que la Guardia Civil ha confirmado que el dispositivo ha permanecido bajo custodia policial desde su intervención, con las garantías correspondientes. Alonso, por su parte, sostiene que ha recibido mensajes SMS y apunta a que podrían haberse enviado desde el sur de Francia.

La UCO rechaza esa posibilidad y argumenta que, cuando se solicita un duplicado de una tarjeta SIM, la anterior queda inutilizada. Según el ministerio público, el empresario no ha aportado datos que permitan convertir sus sospechas en indicios de una irregularidad en la conservación del terminal.

En su escrito, el fiscal considera que la pretensión busca crear una justificación para cuestionar posteriormente la cadena de custodia y plantear la nulidad de las actuaciones judiciales. También califica de absurda la petición de comprobar visualmente que la tarjeta permanece dentro de la bolsa precintada en la que está depositado el móvil.

El contenido del dispositivo y la documentación incautada en el despacho de Alonso han tenido relevancia en otras pesquisas de la Audiencia Nacional, entre ellas la investigación sobre presuntas irregularidades en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), en la que figura como investigada Leire Díez.

La causa principal examina supuestos amaños en contratos de obra pública vinculados al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. Los investigadores sitúan a Cerdán en el centro de la presunta trama, articulada en torno a Servinabar y su relación empresarial con Acciona.

En una de las operaciones investigadas, Servinabar facturó 1,9 millones de euros a una unión temporal de empresas vinculada a una adjudicación de obras en Logroño, según la información publicada sobre la documentación remitida al juez.