La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, comparece este martes en la Comisión de Investigación del caso Koldo en el Senado arrastrando un lastre difícil de justificar: durante su etapa al frente del Gobierno balear pagó 12,7 millones de euros a empresas de la trama Cerdán-Ábalos-Koldo por contratos que acabaron en escándalo. Se trata de unas obras en una residencia de mayores que nunca se terminaron y de unas mascarillas compradas en plena pandemia que resultaron defectuosas y acabaron almacenadas durante años.

En febrero de 2022, la consejera de Asuntos Sociales de Armengol, Fina Santiago Rodríguez, adjudicó a Levantina, Ingeniería y Construcción —empresa del empresario José Ruz, vinculado a Koldo García— la construcción de una residencia sociosanitaria en Son Dureta (Palma) por 9.095.725 euros. La obra, que debía haberse entregado en septiembre de 2023, acumuló nueve meses de retraso y finalmente el Ejecutivo de Marga Prohens anuló el contrato.

La empresa, a la que la Guardia Civil señala por tener a Koldo García en nómina a través de un intermediario y por su estrecha relación con José Luis Ábalos, esgrimió excusas poco convincentes para justificar las demoras: robos de cable, vandalismo en la grúa, falta de materiales por la guerra de Ucrania, escasez de mano de obra e incluso una deuda con proveedores de 1,6 millones. Al final, cuando Prohens resolvió el contrato, quedaba por ejecutar un 38% del proyecto.

La UCO ha documentado que Ruz pagaba a Koldo 2.600 euros al mes y que ambos mantenían contacto habitual con Ábalos. El primer acercamiento entre Ruz y Koldo data de 2019, con Víctor de Aldama —comisionista de la trama— como enlace. De Aldama declaró ante el Supremo haber recibido 77.500 euros en comisiones por adjudicaciones del Ministerio de Transportes.

Las mascarillas de Aldama: 3,7 millones a la basura

Pero no fue el único negocio. En plena pandemia, el Gobierno de Armengol adjudicó por la vía de emergencia a Soluciones de Gestión —empresa del propio Aldama— la compra de 1,4 millones de mascarillas FFP2 por 3,7 millones de euros. La presidenta del Congreso mintió al asegurar que no conocía a Aldama y que el material estaba destinado a uso civil. Los documentos oficiales del Servicio Balear de Salud desmienten ambas afirmaciones: las mascarillas eran para proteger a los sanitarios frente al covid y Armengol sí había tratado con Aldama, incluso como mediador de Globalia.

El resultado fue un fiasco: las mascarillas no cumplían con los requisitos de filtración y no pudieron ser utilizadas por los profesionales. En lugar de resolver el contrato, el Gobierno balear almacenó las mascarillas en un almacén durante tres años, hasta que se acercaron las elecciones y abrió un expediente. Pese a todo, el Ejecutivo balear emitió un certificado avalando a Soluciones de Gestión como proveedor fiable.

Las conversaciones intervenidas por la Guardia Civil revelan la cercanía entre Armengol y Koldo. «Cariño, te mantengo informada«, le escribió él apenas cinco días después de que el Ejecutivo regional emitiera el certificado, para agradecerle que le facilitara el teléfono de la consejera de Salud.

Con estos antecedentes, Francina Armengol comparece este martes para dar explicaciones por unos contratos públicos que beneficiaron a empresas investigadas por la justicia, costaron millones a los contribuyentes y dejaron tras de sí obras sin acabar y material sanitario inútil.