España vuelve a recurrir a una «regularización» masiva de inmigrantes ilegales, una fórmula utilizada de forma recurrente por gobiernos del Partido Socialista (PSOE) y del Partido Popular (PP) desde los años ochenta. Mientras el Ejecutivo socialista cifra en unos 500.000 los posibles beneficiarios, informes elevan el alcance real de la medida por encima de los 840.000 ilegales y advierten de que la cifra puede escalar hasta los dos millones en apenas un año por el efecto llamada de la reagrupación familiar. En este escenario, el PP rechaza ahora la «regularización», pese a que levantó el armazón jurídico que la hace posible y recurrió a este mismo mecanismo cuando gobernaba.
El núcleo del sistema se remonta al año 2000, cuando se aprueba la Ley Orgánica 4/2000 de derechos y libertades de los extranjeros en España, una norma impulsada y reformada con mayoría absoluta del PP durante el Gobierno de José María Aznar. Esa ley no sólo consolida el derecho a la reagrupación familiar, sino que establece el marco legal que después da lugar a los distintos supuestos de arraigo como vía de regularización administrativa.
Aunque el término arraigo se concreta más adelante en el desarrollo reglamentario, la base jurídica nace en esa reforma de la Ley de Extranjería, que introduce mecanismos extraordinarios de acceso a la residencia vinculados a la permanencia en España y a circunstancias personales o familiares. No se trata de una desviación posterior del sistema, sino de una decisión política adoptada en origen por el PP.
La reagrupación familiar sigue un camino similar. Si bien existían antecedentes normativos, es con las reformas impulsadas por los populares cuando este derecho queda definido, sistematizado y normalizado dentro de la política migratoria española. Los reglamentos aprobados durante etapas de gobierno del PP desarrollan su aplicación práctica y la integran como un elemento estructural del modelo de extranjería.
Los gobiernos socialistas posteriores han ampliado y flexibilizado estas figuras, pero lo han hecho sobre un armazón legal previamente construido. Sin la legislación aprobada por el PP a comienzos de siglo, las propuestas actuales del Ejecutivo carecerían de cobertura jurídica suficiente.
Esa contradicción no se limita al plano histórico. En abril de 2024, los populares votaron a favor de la toma en consideración en el Congreso de una iniciativa para regularizar a inmigrantes ilegales.
A ello se suman declaraciones públicas de dirigentes de la formación de Alberto Núñez Feijoo en las que se ha defendido una visión emocional y amable de la inmigración ilegal, alejada del tono actual. Desde apelaciones a tener «el corazón asín de grande» hasta elogios al «Madrid de los acentos«, el PP ha defendido históricamente la regularización y la asimilación de inmigrantes sin límites.
