Este lunes, 1 de julio, arranca la moratoria a las multas en Madrid Central, tres meses -hasta el 30 de septiembre- en los que quienes accedan indebidamente a este área de bajas emisiones recibirán un aviso pero no serán sancionados, una de las primeras medidas tomadas por el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida.
Aunque solo pueden acceder a este espacio de 472 hectáreas los vehículos de los residentes, los coches con etiqueta Eco y Cero Emisiones y los que tengan distintivo B o C siempre que acudan a un aparcamiento, desde hoy infringir esta norma no conllevará, como hasta ahora, 90 euros de multa.
El gobierno de PP y Ciudadanos defiende que este área, que pretenden reconvertir, sigue vigente y que no multar no supone dejarla sin efecto, precisamente lo que denuncian desde la oposición de Más Madrid -artífices de la medida bajo el Gobierno de Manuela Carmena- y el PSOE.
También hablan de suspensión «de facto» las entidades ecologistas y vecinales agrupadas en la Plataforma en Defensa de Madrid Central que el pasado sábado, consiguió reunir a miles de personas -60.000 según los convocantes, 10.000 según Delegación de Gobierno- para pedir la continuidad de esta política.
Han convocado a sus fuerzas para hacer piquetes informativos durante el día de hoy a las 10.00 y las 19.00 en cinco puntos del perímetro de Madrid Central, para informar a los conductores y pedirles una responsabilidad que a su juicio no tiene el alcalde.
El equipo de Almeida defiende que se vuelva al periodo anterior -no hubo sanciones hasta marzo de 2016- para auditar los sistemas de control de acceso porque según el Consistorio madrileño «ocho de cada diez multas se había puesto de manera errónea».
También para establecer contactos con todos con el objetivo de definir el modelo alternativo a este área de bajas emisiones, cuya reconversión pactaron PP y Cs mientras que en el acuerdo de PP y Vox se aboga por la libre circulación.
