Ceuta vuelve a estar en jaque, según los datos del Ministerio del Interior. Hasta el 30 de noviembre han entrado ilegalmente por vía terrestre en la ciudad autónoma un total de 3.268 inmigrantes, 924 más que en el mismo periodo de 2024. Lo que ya representa un incremento del 39,4% en sólo un año.

El problema se aprecia aún mejor al observar la tendencia desde 2021, cuando Marruecos desencadenó una ofensiva migratoria contra Ceuta y cerca de 12.000 inmigrantes entraron de forma ilegal en apenas 48 horas. Desde entonces, la presión no ha dejado de aumentar: las entradas ilegales se han disparado un 215%. En todo 2022 fueron 767; en 2025, según las previsiones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la cifra superará ampliamente los 3.600.

Al otro lado de la valla, en los montes de Beliones y el Monte de la Mujer Muerta, más de 2.000 magrebíes y subsaharianos permanecen acampados a la espera. Así lo muestran numerosas publicaciones en grupos controlados por mafias que promocionan abiertamente los saltos a territorio ceutí.

Dentro de la ciudad, el CETI —que tiene capacidad real para 512 plazas— lleva meses triplicando su ocupación. Polideportivos convertidos en campamentos de tiendas, aulas habilitadas como dormitorios y, hasta hace poco, un asentamiento chabolista de cartones y plásticos justo a la puerta del centro. Tras desmantelarlo, la solución fue meter a más de 200 personas adicionales y el colapso es ya absoluto.

Mientras las mafias siguen anunciando en redes cada traslado a la Península y vendiendo la idea de que basta con saltar la valla para estar en pocos días en la península, Ceuta —donde PP y PSOE mantienen un pacto que permitió aprobar los Presupuestos de este año— vive sitiada.