La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha tratado esta semana de desmarcarse de la Agenda 2030, el plan del globalismo que —a partir de eufemismos— busca someter a la población mundial a unos determinados postulados ideológicos y que su partido abiertamente asume. En palabras del exministro popular José Manuel García Margallo, la Agenda 2030 es el «evangelio».
El PP comparte con el PSOE y con toda la izquierda los consensos en materia de cambio climático, inmigración o feminismo. Y compite con ellos por ver quien aplica con mayor rigor políticas que imponen estos principios. Ningún español —ni europeo— ha votado este plan preparado por las élites para la destrucción de las clases medias, y el ataque a la familia, a la vida y a las raíces comunes de Occidente, y que se resume en la eliminación de la capacidad de decisión. A nadie se le ha preguntado por estas imposiciones elaboradas por burócratas con el objetivo de despojar de soberanía a las naciones y que ahora Ayuso —a mes y medio de las elecciones autonómicas— dice rechazar.
«Los políticos 2030 tienen abandonados los bosques y son incapaces de hacer propuestas reales por el medioambiente, mientras atienden a todo lobby que pretende imponernos una forma de vida y consumo», ha señalado esta semana la presidenta regional, al tiempo que mantiene, según la página web de la Comunidad de Madrid, el Consejo Asesor para el desarrollo de la Agenda 2030, de la que es responsable la consejera de Medio Ambiente, Paloma Martín. Este ente se creó en 2018 y busca profundizar en el desarrollo de medidas «que garanticen el cumplimiento de la Agenda 2030» en el territorio regional, «establecer las medidas necesarias para avanzar en el desarrollo de los 17 objetivos de desarrollo sostenible» y «priorizar la aplicación de dichas medidas en relación con la gestión del Gobierno de la región».
Entre los objetivos está «garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad» «lograr la igualdad de género y empoderar (sic) a todas las mujeres y niñas»; «garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna», pero no la nuclear; «promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible» —otra vez inclusivo y sostenible—; «adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos», etc.
Aunque Ayuso no sólo cumple la Agenda 2030 al no eliminar el consejo asesor para su desarrollo —la información, repetimos, repetimos, aparece en la página web de la Comunidad de Madrid—, sino también través de sus políticas. El pasado jueves se supo que el Gobierno regional destinará más de cuatro millones de euros a la acogida de 26 menores extranjeros no acompañados (menas) durante los dos próximos años; no ha derogado la ley trans regional, a pesar de las críticas a la norma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez; no evita el adoctrinamiento en los colegios; y no se ha opuesto, por ejemplo, a las restricciones al uso privado del coche impulsadas por su compañero de partido, José Luis Martínez-Almeida, en la capital. El regidor, que llegó a Cibeles prometiendo acabar con el Madrid Central de Manuela Carmena, presume ahora de Madrid 360, un proyecto más liberticida que el anterior.
El propio Almeida clausuró en junio de 2021 la jornada ODS: Estrategias de empresas y administraciones públicas, organizada por la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE, y manifestó que estos «objetivos» son una cuestión «transversal y marcan la hoja de ruta del presente y el futuro». «Nos interpelan a todos como integrantes de la sociedad», afirmó, al tiempo que presumió de las medidas –en línea con la Agenda 2030– impulsadas hasta entonces por su equipo de Gobierno en materia de prohibiciones de calderas de carbón o cierre de parte de la ciudad a los automóviles que no cumplen con las exigencias climáticas.
