La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, no ha acudido este miércoles a la citación del juez Juan Carlos Peinado en los juzgados de Plaza de Castilla, donde debía notificársele la transformación de las diligencias previas en un procedimiento ante el Tribunal del Jurado en la causa que la investiga por cinco presuntos delitos.

El magistrado mantiene la imputación por tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. La comparecencia se ha celebrado únicamente con la presencia de los abogados defensores, que sostienen que la asistencia de los investigados no es obligatoria en este trámite, en línea con el criterio fijado por la Fiscalía.

No es la primera vez que Gómez decide no acudir a una citación similar. Ya el pasado mes de septiembre se ausentó de otra comparecencia convocada por el mismo instructor, a la que tampoco asistieron su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, ni el empresario Juan Carlos Barrabés, también investigado en la causa.

Un procedimiento cuestionado por la Audiencia

El movimiento del juez llega después de que la Audiencia Provincial de Madrid anulase el pasado 20 de enero una primera resolución en la que Peinado acordaba continuar el procedimiento por la vía del jurado. El tribunal reprochó al instructor la falta de motivación y le exigió concretar los hechos y la base jurídica de las imputaciones.

En su nuevo auto, dictado el 20 de marzo, el juez amplía la exposición de indicios y sostiene que, tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, se produjo «un cambio inmediato y significativo» en la trayectoria profesional de Gómez.

Según el instructor, la esposa del presidente habría aprovechado su proximidad al poder para impulsar su actividad en la Universidad Complutense de Madrid y establecer una interlocución privilegiada con empresas y entidades tecnológicas.

Además, Peinado apunta a que Gómez habría utilizado recursos públicos, en concreto a su asistente en Moncloa, para actividades de carácter privado, lo que fundamentaría el presunto delito de malversación.

Las defensas niegan los indicios y hablan de «falacias»

Las defensas de los investigados rechazan de plano las acusaciones y sostienen que no existen indicios delictivos. El equipo jurídico de Begoña Gómez asegura que el juez construye su imputación sobre afirmaciones «falsas» y «falacias«, y defiende que su desarrollo profesional responde a su experiencia previa, no a la posición institucional de su marido.

En la misma línea, la defensa de Cristina Álvarez subraya que, incluso en el supuesto de que los hechos descritos fueran ciertos, no encajarían en un delito de malversación. Según detalla, la actividad acreditada de la asistente en tareas vinculadas a Gómez se limitaría a una dedicación equivalente a «medio minuto al día» durante varios años.

Por su parte, el empresario Juan Carlos Barrabés niega cualquier relación relevante con la cátedra vinculada a Gómez y sostiene que el juez parte de un relato que no se ajusta a la realidad. Recuerda, además, que los contratos públicos bajo investigación en su entorno empresarial se analizan en un procedimiento distinto, en el ámbito de la Fiscalía Europea.

Claves del conflicto judicial

El caso avanza ahora hacia una fase en la que las acusaciones deberán concretar sus imputaciones y las defensas podrán solicitar nuevas diligencias. El hecho de que dos de los delitos señalados —tráfico de influencias y malversación— sean competencia del jurado permite, según el juez, arrastrar el resto por conexidad.

El procedimiento mantiene abierto un frente judicial que afecta directamente al entorno del presidente del Gobierno y que, tras el correctivo de la Audiencia de Madrid, entra en una fase decisiva marcada por el pulso entre el instructor y las defensas sobre la solidez de los indicios.