La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, se ha sentado este miércoles desde las 12.00 horas frente al juez Juan Carlos Peinado, magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, para responder en calidad de imputada por cinco presuntos delitos relacionados con su actividad profesional tras la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa.

Durante la comparecencia, Gómez sostuvo que Cristina Álvarez, la asistente que le fue asignada como personal de apoyo al instalarse en el Palacio de la Moncloa, únicamente le prestó ayuda puntual en tareas de carácter privado. Según su versión, esta funcionaria estaba centrada en coordinar la agenda institucional de la primera dama y, a la vez, tenía acceso a la agenda personal de Gómez para evitar que ambas se solaparan.

No obstante, las explicaciones no convencieron a las partes personadas en la causa. Varias fuentes subrayan que Gómez no aclaró de forma satisfactoria por qué desde la cuenta oficial de su asesora se remitieron correos a distintas compañías que habían colaborado o financiado la cátedra universitaria que ella misma dirigía en la Universidad Complutense de Madrid.

Cristina Álvarez, citada igualmente como investigada en la causa, optó por acogerse a su derecho a no declarar, evitando así responder tanto a las preguntas del juez como a las de los abogados presentes en la sala. Entre los documentos incorporados al sumario figuran mensajes electrónicos en los que la asesora habría solicitado fondos a empresas privadas con el fin de garantizar la continuidad del máster que lideraba Gómez en la UCM.

Conviene recordar que la esposa del presidente está señalada en esta instrucción judicial como posible autora de un delito de malversación de caudales públicos, en relación con el uso que se habría hecho de recursos oficiales para sostener actividades académicas vinculadas a su gestión.