Bruselas ha puesto sobre la mesa su propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP) para el periodo 2028-2034, un proyecto presupuestario que prioriza ámbitos como la defensa, la seguridad y la competitividad industrial y que, en paralelo, reduce el peso de políticas tradicionales de la Unión Europea. Entre las más afectadas figura la Política Agraria Común (PAC), que según el planteamiento inicial del Ejecutivo comunitario sufriría un recorte del 22% respecto al marco actual, a falta todavía de la negociación con los Estados miembro y el Parlamento Europeo.

El ajuste ha encendido las alarmas en el sector agrario europeo y, de forma muy especial, en España. Bruselas propone destinar al campo español 79.900 millones de euros entre 2028 y 2034, una cifra que, según las estimaciones de las organizaciones agrarias, supondría una merma directa de 877,5 millones de euros en las rentas de agricultores y ganaderos. Desde COAG reconocen que el impacto supera las previsiones más pesimistas y advierten de que no se trata de un recorte puntual, sino de un ajuste transversal que afectará a todas las herramientas de la PAC.

Las reducciones alcanzarían tanto a los pagos directos como a ayudas específicas, entre ellas las vinculadas al algodón, los ecoesquemas, los compromisos medioambientales, los incentivos para la incorporación de jóvenes o los programas de modernización de explotaciones. En la práctica, denuncian las organizaciones del sector, se debilita el conjunto del sistema de apoyos que sostiene la viabilidad económica del campo europeo.

El momento elegido para este recorte tampoco es neutro. El sector primario español encadena dos años de recuperación tras el golpe de la sequía y el aumento de costes provocado por la guerra en Ucrania. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, el campo aporta más de 40.400 millones de euros al valor añadido bruto y mantiene cerca de 680.000 empleos. Aun así, estudios como los de CaixaBank Research apuntan que su peso en la economía sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia.

Desde las organizaciones agrarias critican además el contraste entre el ajuste a la PAC y el fuerte incremento previsto en otras partidas comunitarias. Señalan que mientras el gasto en defensa y seguridad se multiplica, se pone en cuestión una política que consideran esencial para garantizar la soberanía alimentaria europea. Recuerdan que la PAC no es un instrumento coyuntural, sino uno de los pilares fundacionales del proyecto comunitario desde los años cincuenta.

La tensión ha desembocado en una respuesta sin precedentes del sector agrario a escala europea. COPA-COGECA ha convocado una manifestación en Bruselas para el próximo 18 de diciembre, a la que está prevista la asistencia de más de 10.000 agricultores y ganaderos procedentes de los 27 países de la Unión. Será la primera gran protesta coordinada de todo el campo europeo en la capital comunitaria.

Desde ASAJA resumen el malestar en tres ejes fundamentales: el incumplimiento de las promesas políticas que declaraban estratégica a la agricultura, la competencia de terceros países que no cumplen los mismos estándares productivos y medioambientales, y la necesidad de una simplificación real de la normativa de la PAC. A ello añaden que, con la inflación acumulada, el recorte efectivo podría acercarse al 33% en términos reales.

Las consecuencias, advierten, no se limitarán al ámbito rural. COAG sostiene que una reducción cercana a los 900 millones de euros acabará repercutiendo en el consumidor, con un encarecimiento de la cesta de la compra estimado entre el 6,5% y el 9%. Esto supondría un sobrecoste anual de entre 350 y 500 euros por hogar. Desde el sector insisten en que recortar la PAC no sólo compromete la supervivencia de agricultores y ganaderos, sino que también amenaza el acceso de la población a alimentos de calidad a precios asumibles.