La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España por no haber notificado el plan actualizado de preparación ante riesgos en el sector eléctrico. El documento debe recoger las medidas previstas para prevenir interrupciones del suministro y reducir sus consecuencias cuando se produzcan apagones o crisis eléctricas.

Bruselas anunció la decisión el 1 de octubre, casi nueve meses después de que venciera el plazo para comunicar la actualización. Según el Ejecutivo comunitario, España tenía que haber presentado el documento antes del 5 de enero de 2026, conforme a las obligaciones establecidas en el Reglamento europeo sobre preparación ante riesgos eléctricos.

La Comisión ha enviado una carta de emplazamiento, que constituye la primera fase del procedimiento, y exige corregir la situación. El requerimiento concede a las autoridades españolas dos meses para responder y explicar las actuaciones adoptadas.

Un plan para afrontar apagones, ciberataques y falta de combustible

Estos documentos deben identificar escenarios de crisis nacionales y regionales y establecer cómo prevenirlos, prepararse para ellos y mitigar sus efectos. Entre las amenazas contempladas figuran fenómenos meteorológicos extremos, ataques maliciosos y problemas de disponibilidad de combustible.

El objetivo es disponer de una respuesta coordinada que permita dirigir la electricidad hacia los lugares donde resulte más necesaria durante una emergencia. La normativa obliga a los Estados miembros a adoptar y publicar una actualización cada cuatro años.

La dimensión europea responde a que una crisis eléctrica puede afectar simultáneamente a varios países. Olas de frío, episodios de calor o ciberataques pueden generar problemas transfronterizos que requieren coordinación entre los sistemas nacionales.

Dos meses para responder a la Comisión

España no es el único país señalado. Bruselas también ha iniciado un procedimiento contra Francia y remitido una carta adicional a Bélgica, que ya había recibido un requerimiento en marzo por incumplimientos relacionados con estos planes.

Si las respuestas no resultan satisfactorias, la Comisión podrá avanzar mediante un dictamen motivado, la siguiente fase del procedimiento. La decisión anunciada no impone todavía una multa ni constituye una sentencia judicial contra España.

El incumplimiento identificado se refiere específicamente a la falta de notificación del plan actualizado. No permite concluir, por sí solo, que el sistema eléctrico español carezca de protocolos de emergencia.

El expediente obliga ahora al Gobierno a responder por una obligación pendiente desde enero: comunicar a las instituciones europeas cómo ha actualizado su preparación para prevenir y afrontar nuevas crisis de suministro.