Radiotelevisión Española volvió a disparar el gasto en productoras externas durante 2025. Entre los formatos más costosos figura Directo al grano, el espacio copresentado por Gonzalo Miró y Marta Flich, cuya factura supera los 91.000 euros por emisión.

Según las cifras oficiales correspondientes al ejercicio completo de 2025 y citadas por El Debate, RTVE destinó 6.760.429 euros a La Osa Producciones para la elaboración del programa. Entre el 15 de septiembre y el 30 de diciembre se emitieron 74 entregas. El cálculo es claro: cada programa costó 91.357 euros de dinero público.

La cifra sitúa a Directo al grano como el formato informativo de mayor coste unitario dentro de los espacios más controvertidos de la cadena pública. Un gasto que se suma a otras partidas millonarias destinadas a programas también cuestionados por su línea editorial.

En el mismo ejercicio, RTVE abonó 15.316.546 euros a Big Bang Media S.L. por el programa Malas lenguas, presentado por Jesús Cintora. Con 231 emisiones en 2025, el coste medio por entrega rondó los 66.305 euros. Por su parte, Mañaneros, conducido por Javier Ruiz y producido por La Cometa TV S.L., recibió 12.251.179 euros para 254 programas, lo que equivale a unos 49.000 euros por emisión. En total, los tres espacios suman más de 34 millones de euros de presupuesto en un sólo año.

La controversia no es sólo económica. El Consejo de Informativos de TVE elaboró un informe de 144 páginas en el que cuestionaba el tratamiento informativo y el sesgo político de algunos de estos formatos. Según el órgano interno, determinados programas favorecen de manera sistemática a posiciones afines al Gobierno y no cumplen con los principios de neutralidad e imparcialidad exigidos a un medio público.

A pesar de estas advertencias y de las denuncias internas, la inversión no sólo se ha mantenido sino que se ha consolidado. Directo al grano fue presentado por RTVE como una «apuesta por la pluralidad y el contraste de estilos». Sin embargo, su elevado coste por emisión ha reabierto el debate sobre la gestión de los recursos en la televisión pública y sobre si estos programas responden realmente al mandato de servicio público recogido en la normativa de la corporación.