La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado a facilitar empadronamientos falsos a extranjeros en situación ilegal en el Poniente de Almería, una práctica por la que exigían pagos de hasta 1.200 euros con el objetivo de permitir la tramitación o renovación de permisos de residencia.

La investigación, bautizada como operación ‘Furia’, concluyó con la detención de siete personas. Entre los arrestados figuran los considerados responsables principales de la trama, así como varios ciudadanos extranjeros que habrían recurrido a estos servicios ilegales para regularizar su situación administrativa. Todos ellos ya han pasado a disposición judicial en El Ejido.

Las pesquisas arrancaron en diciembre, cuando el propietario de una vivienda en Vícar denunció que dos personas figuraban empadronadas en su domicilio sin su conocimiento ni autorización. Según explicó, los supuestos residentes nunca habían vivido en el inmueble, lo que despertó las sospechas y permitió a los agentes iniciar las averiguaciones.

A partir de ese momento, los investigadores detectaron una estructura organizada y con funciones claramente repartidas. La red operaba sobre todo en los municipios de El Ejido y Vícar, donde captaba a extranjeros sin documentación en regla a través de intermediarios que actuaban como enlace con el principal responsable.

Este individuo se encargaba de preparar toda la documentación necesaria para aparentar una residencia ficticia. Elaboraba contratos de alquiler, autorizaciones de propietarios y otros documentos mediante plantillas prácticamente idénticas, limitándose a cambiar nombres, direcciones y datos personales, lo que evidenciaba un método repetido y sistemático.

Además, el cabecilla orientaba a los interesados sobre los pasos a seguir e incluso los acompañaba a dependencias municipales para completar los trámites, pese a que los beneficiarios no llegaban a vivir en las viviendas declaradas. De este modo, conseguían acreditar una supuesta residencia que facilitaba la obtención de autorizaciones administrativas.

Por cada empadronamiento irregular, la organización percibía entre 800 y 1.200 euros. Durante la investigación, los agentes realizaron vigilancias, tomaron declaraciones y llevaron a cabo reconocimientos fotográficos. Varios de los extranjeros implicados admitieron haber pagado a la red y señalaron a sus integrantes.

Entre los detenidos se encuentran un presunto captador, el responsable de la falsificación documental y un propietario que habría cedido su vivienda para estos fines. También fueron arrestados cuatro ciudadanos extranjeros que utilizaron los empadronamientos fraudulentos para gestionar sus permisos.

El operativo contó con la colaboración de los ayuntamientos de El Ejido y Vícar, la Tesorería General de la Seguridad Social, a través de su unidad especializada en la lucha contra el fraude, y la Oficina de Extranjeros de Almería. La coordinación entre estas instituciones resultó clave para esclarecer el funcionamiento de la trama y proceder a las detenciones.