La Policía Nacional ha desarticulado en Ceuta una organización dedicada a captar y alojar a inmigrantes y a ofrecerles traslados clandestinos a la Península por cantidades de hasta 6.000 euros. La operación se ha saldado por el momento con dos detenidos y ha permitido descubrir un negocio que aprovechaba la situación de quienes permanecían en la ciudad autónoma.

La investigación se ha centrado en garajes de la barriada de El Príncipe, donde los agentes detectaron la presencia continuada de inmigrantes alojados en condiciones precarias. Según los testimonios recabados durante las pesquisas, los responsables cobraban 30 euros al día y hasta 900 euros al mes por permitirles dormir en plazas de garaje, trasteros y otros espacios sin condiciones adecuadas de habitabilidad.

En algunos momentos llegaron a concentrarse alrededor de una veintena de personas. Quienes no podían asumir el coste completo dormían directamente en el suelo. La organización habría llegado incluso a cobrar entre cinco y diez euros por cargar un teléfono móvil, según la información publicada sobre la investigación.

El negocio, sin embargo, no se limitaba al alojamiento. La Policía ha reconstruido una estructura en la que existía un reparto de funciones para captar a los recién llegados, gestionar los pagos, trasladarlos hasta los lugares donde permanecían escondidos y controlar sus movimientos mientras esperaban la oportunidad de abandonar Ceuta.

El siguiente paso era precisamente la salida hacia la Península. Los investigadores han recabado testimonios que apuntan a la existencia de traslados clandestinos por los que se pedían cantidades que podían alcanzar los 6.000 euros por persona.

Las pesquisas también han destapado un sistema de amenazas y coacciones. Varios inmigrantes recibían instrucciones para permanecer ocultos y evitar el contacto con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Algunos de los testimonios recogidos durante la investigación hablan incluso de amenazas de muerte para impedir que colaborasen con la Policía.

El miedo quedó patente durante la propia intervención. Varias de las personas localizadas se mostraron inicialmente reticentes a hablar con los agentes, aunque algunas terminaron accediendo voluntariamente a prestar declaración. Esos testimonios han permitido a los investigadores reconstruir parte del funcionamiento de la estructura y determinar las funciones que desempeñaban sus integrantes.

La actuación policial adquiere especial relevancia después de la invasión de Ceuta de finales de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron la frontera desde Marruecos. Desde entonces, las Fuerzas de Seguridad han detectado a inmigrantes que permanecen fuera de los recursos oficiales y que tratan de alcanzar clandestinamente la Península.

De hecho, un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) conocido a comienzos de septiembre reconocía las dificultades para determinar cuántos inmigrantes permanecían escondidos en la ciudad. El documento recogía además mensajes difundidos entre quienes habían cruzado la frontera en los que se recomendaba ocultarse para evitar ser localizados y devueltos a Marruecos.

El negocio de los alojamientos clandestinos tampoco constituye un hecho aislado. A principios de septiembre, otra investigación de la UCRIF permitió descubrir un garaje del edificio Mirasol en el que habían llegado a permanecer hasta 20 inmigrantes. Uno de ellos declaró haber pagado 900 euros por un mes de alojamiento mientras esperaba la posibilidad de viajar clandestinamente a la Península. Los dos responsables de aquel caso terminaron condenados.

A ello se suma otra operación desarrollada este martes por la Guardia Civil en un inmueble de la calle Real, utilizado como alojamiento clandestino. Los agentes localizaron allí a 25 inmigrantes, seis de ellos menores de edad, y detuvieron a los propietarios del inmueble.

La nueva investigación deja así al descubierto la aparición de estructuras dedicadas a obtener beneficios de los inmigrantes que continúan en Ceuta y buscan una vía para llegar a la Península. La operación permanece abierta y las pesquisas se desarrollan con participación de unidades policiales de Ceuta, equipos centrales y efectivos de la costa andaluza, además de la colaboración de la Fiscalía especializada en la lucha contra el tráfico ilícito de personas.